Los pedidos de acceso a la información pública fueron realizados en el marco del decreto 1172/03 que “garantiza y regula el derecho de toda persona a requerir, consultar y recibir información por parte del Poder Ejecutivo Nacional, teniendo como premisas la elaboración de una sólida fundamentación, la simplicidad y claridad conceptual y el respeto de los estándares internacionales en la materia.”

A partir del uso de esta herramienta se pidieron precisiones al Ministerio sobre la cantidad de beneficiarios, criterio para la distribución y variables contempladas para la asignación del plan Argentina Trabaja, entre otras:

Primer pedido de información (12 de febrero)

Respuesta 

Segundo pedido de información (31 de marzo)

Respuesta 

Tercer pedido de información (31 de marzo)

Respuesta 

Cuarto pedido de información (13 de julio)

Respuesta 

Ultimo pedido de información

Respuesta

·         La igualdad de derechos de parejas del mismo sexo con respecto a los derechos actualmente vigentes para las parejas heterosexuales es un requisito indispensable en el avance contra la discriminación. Por este motivo, Poder Ciudadano apoya que se asegure por ley la plena igualdad de derechos de parejas del mismo sexo en general, y en particular en lo relativo a derechos de las relaciones de familia, hereditarios, de seguridad social y de salud.
·         El debate debe circunscribirse a cuestiones de derecho, excluyendo creencias religiosas personales y otras motivaciones de índole privada.
·         Rechaza enfáticamente las declaraciones discriminatorias vertidas recientemente en el ámbito público tendientes a estigmatizar las opciones de vida de las personas y llama a los líderes políticos, religiosos y sociales a encauzar el diálogo en el marco de la tolerancia y el respeto mutuo.

(Buenos Aires, 8 de julio de 2010) - Luego de que el acceso a la información pública recobrara protagonismo en el Congreso, un grupo de organizaciones de la sociedad civil que trabaja en pos de la plena vigencia de este derecho en la Argentina, lanzó la campaña “Saber es un derecho, ¡Que ahora sea ley!” para involucrar a la ciudadanía en el reclamo por una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública.

La Campaña, que está abierta a adhesiones a través del sitio www.saberesunderecho.org, busca destacar la importancia del acceso a la información pública como una herramienta para poder ejercer otros derechos fundamentales (como la salud y la educación), monitorear la transparencia de la gestión pública y fomentar la participación ciudadana.

En un documento entregado a todos los senadores y diputados de la Nación, el grupo de organizaciones reclama la sanción de la demorada ley y plantea los estándares mínimos que debería cumplir para garantizar el ejercicio pleno de este derecho que, desde 1994, está reconocido en forma expresa en la Constitución Nacional.
Si bien el derecho de acceso a la información pública tiene plena vigencia en nuestro país por su recepción constitucional, una ley específica permitiría garantizar reglas claras para su ejercicio y posibilitaría que toda persona pueda reclamar ante los organismos del Estado distintos datos y documentos públicos.
La coalición de organizaciones abajo firmantes sostiene que una ley de acceso a la información pública debe establecer mecanismos claros para poder reclamar y recibir información que se encuentra en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de crear una autoridad de aplicación eficaz, fijar plazos breves para la entrega de estos datos y establecer excepciones concretas en las que sea posible restringir la información, entre otros aspectos relevantes.
La presentación de varios proyectos de ley por parte de un alto número de representantes de todo el espectro político, potenció el debate parlamentario en el Congreso Nacional. La sociedad civil celebra este avance, pero llama la atención sobre el tratamiento simultáneo que se le está otorgando en ambas cámaras y pide a senadores/as y diputados/as, que coordinen el trabajo y generen los consensos necesarios para sancionar la mejor ley posible.

Sucede que, sancionar una ley de acceso a la información es una deuda pendiente en la Argentina. Su tratamiento fue repetidamente postergado desde que a fines de 2005 perdiera estado parlamentario un proyecto que contaba con media sanción por parte de la Cámara de Diputados y que había sido elaborado con un alto grado de participación por parte de distintos actores sociales.

Las organizaciones que impulsan esta Campaña por una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública son:

- Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
www.acij.org.ar

- Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
www.adc.org.ar

- Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
www.cels.org.ar

- Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC)
www.cippec.org

- Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)
www.ela.org.ar

- Foro de Periodismo Argentino (FOPEA)
www.fopea.org

- Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
www.farn.org.ar

- Fundación Mujeres en Igualdad (MEI)
www.mujeresenigualdad.org.ar

- Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM)
www.feim.org.ar

- Poder Ciudadano
www.poderciudadano.org

Poder Ciudadano pone a disposición de los docentes y la comunidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires, una guía con herramientas de participación ciudadana, destinada a fomentar la participación y el involucramiento de los jóvenes en los asuntos públicos de nuestro país.

Esta herramienta se encuentra dirigida a profesores y alumnos de todas las escuelas secundarias y contiene herramientas tendientes a promover la participación ciudadana de los estudiantes, la transparencia de los gobiernos, el acceso a la información pública y la acción colectiva para fortalecer la democracia.

Para descargar la guía haga click en el siguiente enlace:

Guía de Herramientas de Participación Ciudadana

En este sentido, solicitamos que no se condicione a este o a cualquier otro funcionario, requerido a declarar, a través de afirmaciones genéricas sobre “confidencialidad” de la información. Si existe información confidencial, reservada o secreta en juego, en todo caso, solicitamos que se proceda a aclarar bajo qué normativa se encuentra así clasificada y a desclasificarla lo antes posible, a los fines de permitir a los demás poderes tomar conocimiento sobre supuestas irregularidades.

En este sentido, destacamos que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción establece que los países firmantes, entre ellos, el nuestro, se comprometen a facilitar que los funcionarios públicos formulen denuncias sobre hechos de corrupción (art.8 inc.4). Dando por descontada su voluntad de cumplir con este y otros compromisos internacionales asumidos por Argentina, le solicitamos que de señales inequívocas acerca de la libertad de los funcionarios de la cartera a su cargo para formular denuncias sobre hechos de corrupción.

El reconocimiento de la identidad legal por parte del Estado es uno de los medios a través del cual se garantiza a las personas el ejercicio de una ciudadanía plena. Entendida de esta manera, tanto la inscripción del nacimiento como el acceso al documento se vuelven fundamentales para garantizar a las personas el pleno ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

El seminario es fruto del relevamiento que realizó Poder Ciudadano sobre las experiencias, avances y desafíos de los sistemas de identificación en los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Perú.

La actividad requiere inscripción previa a través haciendo click acá.

Por más información visitar el sitio Identidad y Derechos,  escribir a María Batch a mery@poderciudadano.org o llamar al 43 31 49 25 Int 213.-

Poder Ciudadano monitoreará que, a lo largo del proceso de consultas, el Gobierno garantice la accesibilidad de la información, la participación efectiva de la ciudadanía y la formulación de respuestas a sus aportes. En este sentido, todas las contribuciones serán registradas y recibirán las respuestas que correspondan, ya sea su eventual incorporación a los Pliegos de Bases y Condiciones o, en caso contrario, una explicación clara acerca de su falta de pertinencia.

Para Hernán Charosky, director ejecutivo de Poder Ciudadano, “la función de Poder Ciudadano aquí es promover que los principios de transparencia y acceso a la información se garanticen tanto en la letra del pliego como en todo el proceso de consulta. En este sentido, debemos vigilar que el Ministerio cumpla con su promesa de escuchar y dar respuesta a todos los actores interesados”.

Cambio Democrático estará a cargo del diseño metodológico y la facilitación del proceso consultivo y deliberativo. Para ello, realizará reuniones y talleres con los actores involucrados, previamente a la Audiencia Pública.

Poder Ciudadano participa desde hace una década en el monitoreo y la implementación de procesos que garantizan la transparencia y la participación ciudadana en las contrataciones del Estado. Entre otros, participó en la licitación del servicio de recolección de residuos en Morón (en 2000, 2002 y 2005), en la compra de textos escolares del Ministerio de Educación de la Nación (en 2004) y en la contratación del servicio de recolección de residuos en el municipio de Esteban Echeverría (2008-2009).

Para leer el convenio que regirá esta iniciativa haga click aquí

Toda la información producida a partir del período de consultas estará disponible y accesible a través del siguiente sitio www.residuosurbanos.org.

Para mayor información comunicarse con Federico Arenoso a farenoso@poderciudadano.org.-

Ante las muestras de intolerancia evidenciadas recientemente por grupos que interrumpen violentamente debates públicos, las campañas anónimas, los tribunales éticos ad hoc y las presiones públicas contra periodistas, Poder Ciudadano convoca a todos aquellos que participan con su voz en la escena pública a firmar el siguiente compromiso.

Compromiso:
Mi inclusión en este listado de firmantes expresa mi compromiso con la tolerancia política y el rechazo al uso de cualquier modo de intimidación de las voces en el espacio público. Este compromiso implica que me niego a interpretar la política democrática como guerra, y a la discusión pública como el escenario de una lucha existencial irreconciliable.

Este compromiso incluye, en la práctica, mantener la palabra pública dentro de límites que la protejan del insulto, eliminar la descalificación de mala fe, la demonización de lo distinto y la difamación como elemento de lucha.

El compromiso con la tolerancia no implica, sin embargo, ni la autocensura, ni el silencio de las críticas, ni la omisión de las denuncias de hechos ilícitos.
En caso de pertenecer el firmante a alguna agrupación, este compromiso significa también la promesa de que, si se identificaran grupos violentos pertenecientes a la agrupación propia, se impulse la expulsión de sus miembros y la correspondiente acción judicial.

Pedimos a los ciudadanos y ciudadanas que cuenten con blogs, perfiles en Facebook, Twitter y demás redes sociales, que compartan el mensaje de la campaña ( “Estemos de acuerdo en no estar de acuerdo” ) en los estados de sus cuentas.

Esta iniciativa fue enviada a la Sra. Presidenta, a los jefes de los diversos bloques legislativos y a los Sres. Ministros.

Seis organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Cámara de Diputados un documento con propuestas para la reforma del Consejo de la Magistratura (CM).

Para las organizaciones, la reforma de 2006 tuvo serios déficits de legitimidad y configuró un retroceso respecto de un estado de situación que ya era deficiente. Por ello, en este documento subrayaron la necesidad de que en esta oportunidad el debate fuera amplio y profundo, con tiempo suficiente como para que todos los actores interesados en realizar aportes sean escuchados sustantivamente a fin de iniciar un proceso serio de relegitimación del sistema de justicia.

Las ONG sostuvieron que la reforma no debe quedar limitada a la composición del Consejo, sino incluir también aspectos sobre su funcionamiento y sobre la administración de justicia en general. El documento plantea propuestas en torno a la articulación entre el Consejo y la Corte Suprema, el proceso de selección de magistrados; y el proceso de destitución y disciplinario; entre otros temas.

Para las organizaciones, “lo que está en el fondo de la discusión sobre la composición del Consejo de la Magistratura son dos modelos de institución: uno, que pretende que su conformación asegure mayoría al estamento político, con la posibilidad de rendición de cuentas propia del sector; y otro, que aspira a una integración con preponderancia judicial, que garantice mayor separación del poder político. Ambos modelos, entendidos de modo rígido, pueden derivar en dos riesgos de similar peligro: que no se asegure la representatividad de todos los sectores políticos, permitiendo la manipulación política de la justicia, en el primer caso; o favorecer los privilegios corporativos, alejando así la posibilidad de contar con una administración de justicia democrática y transparente”. Por lo que la reforma debe asegurar tanto el principio de independencia judicial como el de rendición de cuentas del poder judicial.

Asimismo, enunciaron una serie de principios y posturas como aportes al trabajo legislativo:

En cuanto a la composición
- La ley debe respetar el mandato constitucional y garantizar que todos los estamentos que componen el Consejo estén representados de forma equilibrada. Por esto, ningún sector debería estar en condiciones de formar quórum propio o bloquear, por si mismo la toma de decisiones del cuerpo. A su vez, debe garantizarse una amplia diversidad política que pueda superar los sucesivos cambios de mayorías parlamentarias, de acuerdo con el balance adecuado para conformar una justicia independiente que rinda cuentas en democracia.
- En la elección de los representantes de todos los estamentos, sea cual sea el método de elección, deben tenerse en cuenta las exigencias de igualdad de género y de procedencia regional.
- Los consejeros por los estamentos de abogados y jueces deben ser elegidos por sus pares a través de sistemas de votación directa, utilizándose el sistema D’Hont, y cumpliéndose con los principios de publicidad y transparencia en las etapas previa y pos-electoral. En cuanto a la elección de los representantes del ámbito científico académico, la elección debería realizarse de manera directa entre todos los profesores titulares y adjuntos de las facultades de derecho y ciencias sociales de todas las universidades públicas del país.

En cuanto a la relación con la Corte Suprema
- La reforma debería resolver las tensiones entre ambas instituciones con respecto a la administración y el gobierno del poder judicial. La ley debería eliminar las ambigüedades y procurar que estas tareas queden a cargo del Consejo de la Magistratura.
- El funcionario designado por el Consejo para las tareas de administración debe ser designado mediante un procedimiento público, de consulta y participativo.
- No resulta indispensable la inclusión de un ministro de la Corte Suprema en el Consejo, y mucho menos que sea quien lo presida. La necesaria coordinación institucional puede lograrse a través de la creación de una comisión de administración integrada por miembros del Consejo y la Corte.

En relación con los procesos de designación de magistrados
- Sobre la instancia a cargo del Consejo de la Magistratura: la reforma debe procurar dotar al proceso de mayor transparencia y publicidad, por ejemplo ordenando que quede registro del examen oral, ya sea a través de filmaciones o de la confección de versiones taquigráficas. Estos registros deben permanecer accesibles al público. También deberían adoptarse mecanismos para asegurar la independencia de los jurados técnicos y evitar la filtración del contenido de los exámenes. Debería revisarse la instancia de evaluación de los antecedentes de los candidatos a fin de disminuir el margen de discrecionalidad, y garantizarse la mayor transparencia en la instancia de la entrevista personal con los candidatos preseleccionados. La ley debería exigir que toda modificación del orden de mérito provisorio sea suficientemente fundada.
- Sobre la instancia a cargo del Poder Ejecutivo: esta reforma podría reconocer legalmente el procedimiento participativo creado por el decreto 588/03 y establecer un plazo máximo para que el Poder Ejecutivo remita el pliego al Senado, previendo algún tipo de consecuencia ante el vencimiento de dicho plazo.
- La enorme cantidad de jueces subrogantes actualmente en funciones y la inacción de los poderes públicos para resolver esta grave deficiencia, son el fiel reflejo del fracaso no sólo del Consejo de la Magistratura sino de todo el diseño del sistema de selección de jueces/zas. La discusión actual acerca de la reforma del Consejo de la Magistratura es una buena oportunidad para reinstalar este problema en la agenda pública y llevar adelante las medidas necesarias para solucionarlo.

En relación con los procesos de destitución y disciplinarios
- Corresponde rechazar las modificaciones postuladas en algunos proyectos que prevén introducir plazos de caducidad o prescripción para los procesos disciplinarios y de remoción.
- Deben establecerse sistemas de transparencia en la gestión y rendición de cuentas respecto del grado de avance de los consejeros instructores en la tramitación de los procesos disciplinarios y de remoción, con sanciones para los consejeros responsables de investigaciones deficientes.
- La ley debería establecer mecanismos para proteger a quien impulse el juicio político o la sanción de magistrados ante el Consejo, y asegurar su puesto de trabajo, con iguales tareas y condiciones laborales que las que tenía antes de presentar su denuncia.

Actualización del 7 de julio de 2010:

Compartimos la nota con comentarios referidos al trabajo de las ONG ante la reforma del CM,  que nos envió el Dr. Ricardo Gil Lavedra, Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación. Para ver el documento completo haga click aquí.

]]> http://poderciudadano.org/?feed=rss2&p=927 0 http://poderciudadano.org/?p=473 http://poderciudadano.org/?p=473#comments Thu, 04 Mar 2010 15:31:55 +0000 lucas http://www.winguweb.org/~poderciu/?p=473 Invitada por la Fundación Friedrich Naumann, Poder Ciudadano estuvo presente en el seminario “Gestión y Prevención de Conflictos II”, donde se debatieron nuevas técnicas de gestión y resolución de conflictos. El encuentro tuvo lugar entre el 1 y el 8 de febrero, en Colonia, Alemania.

Se discutieron conflictos específicos de los países de origen de los participantes, entre los que se destacaron las exposiciones sobre la problemática en Sudáfrica y en Georgia y la presentación en conjunto de los participantes de origen latinoamericano sobre el conflicto actual que se vive en Bolivia. Formaron parte del seminario representantes de 23 países de África, Asia, Europa, Latinoamérica y Oceanía.

Para mayor información, comuníquese con Pablo Secchi, de Instituciones Políticas y Gobierno, pablo@poderciudadano.org

.-