Buenos Aires, 15 de abril de 2020. En el día hoy la AFIP dispuso a través de la Resolución General 4697/2020 que  todas las personas jurídicas (incluidas sociedades, asociaciones civiles, fundaciones y fondos comunes de inversión) deberán informar una vez al año quiénes son sus beneficiarios finales. Es importante destacar que los datos de los beneficiarios finales se deberán presentar independientemente del porcentaje de participación que posean.

Son considerados beneficiarios finales y se encuentran comprendidos por la resolución, “todas las personas humanas que posean capital o derechos de voto de una sociedad, persona jurídica u otra entidad contractual o estructura jurídica, o que por cualquier otro medio, ejerzan su control directo o indirecto”. Cuando no sea posible la identificación de los beneficiarios finales los sujetos obligados deberán informar como beneficiario final al presidente, socio gerente, administrador o máxima autoridad de dicho sujeto.

Por último, la resolución también implementa un registro de entidades pasivas en el exterior– instrumento  establecido en ley 27.260 de 2016 y que habilitó el denominado “sinceramiento fiscal”. El registro “alcanza a los contribuyentes que posean más del 50% de la participación en sociedades extranjeras que, a su vez, obtenga una renta pasiva (por ejemplo, las generadas por depósitos a plazo o inversiones financieras) que supere el 50% de sus ingresos brutos”. Los contribuyentes deberán informar una vez por año los datos que identifiquen a la entidad y la vinculación jurídica que los une

Poder Ciudadano celebra la iniciativa, que ha sido fuertemente reclamada por las organizaciones de la sociedad civil durante muchos años. Así se intenta saldar una deuda pendiente en la materia, siendo que en 2014 el G20 ya había asumido un compromiso sobre la transparencia de los beneficiarios finales y en 2016 nuestro país acordó “expandir el universo de los beneficiarios efectivos de las empresas extranjeras a ser identificado” Cumbre Anticorrupción de Londres.

Poder Ciudadano considera a la decisión como un paso fundamental hacia la lucha efectiva contra la corrupción. Sin embargo alerta sobre la necesidad de que dicha información sea pública, accesible y que esté disponible en formato de datos abiertos para poder realizar un adecuado control social y cumplir con los compromisos internacionales que Argentina ha asumido.