La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Mendoza se encuentra próxima a emitir un fallo histórico que fijará precedentes ineludibles para el ingreso y ascenso a los cargos públicos en la Provincia. La decisión que adopte el Máximo Tribunal establecerá principios elementales del Estado Constitucional de Derecho y de la Buena Administración como son el de igualdad, idoneidad y transparencia en el procedimiento para el acceso a los empleos públicos.

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Buenos Aires, 2 de julio de 2018.- Poder Ciudadanoel Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH), Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Fundación Transparencia Ciudadana y Fundación Salta Transparente – organizaciones miembros de la Red de Organizaciones contra la Corrupción (ROCC) – abogamos por mecanismos de ingreso y ascenso transparentes, sin discrecionalidad y basados en el mérito, para cualquier ciudadano o ciudadana que pretenda brindar servicios en la Administración Pública.  

Somos un grupo de organizaciones de la sociedad civil que queremos un Estado presente, eficiente y activo. Para eso, pensamos que es fundamental que quien ingrese a trabajar para el Estado lo haga a través de concurso y no a través del dedo del funcionario de turno.

Actualmente, en buena medida el ingreso a la Administración Provincial está condicionado al amiguismo, y no se cumple la ley, la constitución o los tratados internacionales de derechos humanos, que exigen la realización de concursos. Quien no cuenta con vinculaciones políticas no puede entrar como empleado y esto es injusto, es desigual. Quienes ya trabajan dentro de la Administración, muchas veces no pueden hacer carrera, pues los puestos más altos son para los amigos de los funcionarios.

Sólo los concursos pueden garantizar a un empleado público el ejercicio libre de su función y su independencia. Además, el acceso por medio de este procedimiento sirve como potente herramienta para transparentar la actuación de los agentes públicos y evitar potenciales conflictos de intereses.

Una iniciativa destacable son los recientes llamados a concurso en la Provincia y en algunos de sus municipios. El trámite para cubrir 114 cargos que inició el Gobierno provincial convocó a más de 32 mil inscriptos, dando cuenta que nuestro reclamo no solo es justo y necesario, sino que es compartido por un sinnúmero de ciudadanos y ciudadanas que quieren tener la posibilidad de concursar.

La acción de inconstitucionalidad presentada por el CLADH se interpuso para garantizar principios constitucionales amparados en normas que hacen a la organización y funcionamiento de un Estado transparente y eficiente.

De convalidarse los pases a planta permanente acordados en 2015 al margen de la ley, se estará vulnerando el derecho de innumerables potenciales interesados a acceder a esos cargos.

Nos pronunciamos contra la precarización del empleo, a favor de la estabilidad como derecho del empleado público y de la apertura de procesos concursales para garantizar el principio de idoneidad como base del ingreso y de la promoción en la carrera administrativa.

Por todo esto, esperamos que la Suprema Corte de Mendoza realice un cambio histórico que repercutirá en la escena nacional. Está en sus manos que se abran los concursos. Está en sus manos que se cumpla ley. Está en sus manos el asegurarle a la ciudadanía mendocina una vía de ingreso a la función pública que cumpla con las exigencias constitucionales de idoneidad, igualdad y transparencia.