En el caso, Poder Ciudadano presentó un amicus curiae en la causa por presuntas maniobras de coacción de dos ex-funcionarios de la provincia de San Luis abogando por la protección de las formas republicanas de gobierno, haciendo énfasis en la independencia del Poder Judicial y el derecho humano de acceso a la justicia.

El pasado 3 de julio la Justicia confirmó la condena contra Sergio Gustavo Freixes y Edgar Mario Zavala, exfuncionarios de la provincia de San Luis, por coacción agravada contra integrantes de la Justicia de esa provincia, a quienes les hacían firmar una renuncia anticipada antes de asumir el cargo, en una clara intención de vulnerar el principio de independencia que deben tener los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial y del Ministerio Público.

A través de una modificación en la Ley Orgánica de Administración Judicial en 2004, el proceso de selección de jueces estaba a cargo del “Ministerio de la Legalidad” a cargo de Sergio Gustavo Freixes y Edgar Mario Zavala, quienes desde su posición condicionaban la designación de cargos de la magistratura provincial a que los aspirantes dejasen firmada su renuncia a disposición del gobernador de la Provincia de San Luis, de manera anticipada al puesto en un documento en blanco. 

De esta manera, se creó un claro sometimiento del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo en la provincia de San Luis, ya que cada vez que un juez actuaba de forma contraria a los intereses del Poder Ejecutivo o las mandas que este le imponía a los magistrados, contaban con la facultad de removerlo a través de una “renuncia” y seleccionar a otro que responda a sus necesidades, afectando de manera directa el control judicial de los actos de gobierno

Esta situación prevaleció hasta que en marzo de 2005, cuando los ex-funcionarios solicitaron a la jueza Marina Ziliotto, en ese entonces ya designada en el cargo de juez en la Cámara de Apelaciones en lo Penal, que iniciara una campaña de desprestigio y promoción de jury contra sus colegas del Tribunal. Al negarse a hacerlo, los condenados hicieron efectiva aquella dimisión puesta a disposición. Debido a la gravedad de los hechos denunciados y la evidente vulneración a la independencia entre los poderes, pilar indispensable de la forma republicana de gobierno, Poder Ciudadano presentó un amicus curiae ante la justicia que tenía a su cargo la investigación y sanción de estos hechos.  

En su presentación, Poder Ciudadano resaltó que la resolución de este caso trasciende a las partes involucradas en el presente, ya que la sentencia que eventualmente se dicte tendrá efectos en el sistema institucional estatal, en todas sus áreas, y por lo tanto en la vida misma de los ciudadanos, debido a la importancia de los derechos  y garantías que están en conflicto.

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