Desde la Red de Organizaciones Contra la Corrupción (ROCC) publicamos un documento que recopila la información sobre la normativa aplicable a las contrataciones públicas a nivel nacional, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Salta durante el estado de emergencia. Además, proponemos recomendaciones para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos.  


4 de junio de 2020 – La declaración de la emergencia sanitaria en relación a COVID-19 implica enfrentar consecuencias tanto económicas como sociales, que impactan en la utilización de los recursos públicos que el Estado dispone para poder atender las necesidades que resultan urgentes. Por eso, es necesario poner especial énfasis en el sistema de contrataciones públicas en estado de emergencia para dar a conocer la trazabilidad de cómo se adquieren los bienes y servicios. 

En general los sistemas de compras y contrataciones presentan deficiencias aún durante períodos fuera de un contexto de emergencia, pero lo que es en este tipo de situaciones donde más se puede propiciar la manipulación de información y el uso de presupuestos extraordinarios de forma discrecional. Cuando estos recursos no son destinados para sus fines originales, sino desviados o utilizados de modo indebido, se vulneran los derechos de la ciudadanía. 

La publicación “Contrataciones públicas en Argentina durante el estado de emergencia” recopila información normativa y sobre la disponibilidad de información en materia de compras y contrataciones, a nivel nacional y en las provincias de las organizaciones que forman parte de la Red de Organizaciones contra la Corrupción (ROCC); también propone recomendaciones para que se lleven adelante procesos de contrataciones eficientes, transparentes y de prevención de la corrupción.

La Red de Organizaciones Contra la Corrupción, a partir del relevamiento realizado, elabora una serie de recomendaciones para las contrataciones públicas para todos los niveles de gobierno que se realicen en el marco de una emergencia en relación a la normativa, la disponibilidad de información y los mecanismos de control y rendición de cuentas; entre las que se encuentran: 

    • Reajustar los tiempos de declaración de emergencia. 
    • Abrir los datos de la gestión pública de la emergencia para permitir un mayor control por parte de la ciudadanía.
    • Publicar información sobre las transferencias realizadas por el Estado Nacional a las provincias, y de las provincias a municipios.
    • Garantizar instancias de participación ciudadana a lo largo de todo el proceso de contratación durante el período de emergencia. 
    • Asignar las funciones necesarias para que los órganos de gobierno puedan llevar adelante procesos de fiscalización concomitantes al gasto público. 
    • Regular los procedimientos que permitan detectar conflictos de intereses en los procesos de compras y las herramientas necesarias para prevenir y sancionar estos casos.

Durante el contexto de una emergencia, un adecuado ejercicio del gasto público toma particular relevancia, ya que de lo contrario se obstaculiza e impide el acceso de las personas al ejercicio de sus derechos esenciales. Resulta primordial garantizar el funcionamiento de las instituciones y los sistemas de control de las administraciones financieras para asegurar el correcto uso de los fondos públicos. De esta manera, los sistemas de contrataciones públicas deben tender a satisfacer la mayor cantidad de derechos, ser eficientes en el gasto realizado y transparentes en todas sus etapas.