La organización Transparency International dio a conocer el “Informe TI 2008 sobre el avance en la implementación de la convención anti-soborno de la OCDE” que analiza la aplicación de acciones anti-soborno en 34 países (incluidos los del G7) en relación al cumplimiento de la Convención contra el Soborno Transnacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). El Informe evidencia, entre otros aspectos, la falta de aplicación de políticas contra el soborno transnacional para empresas de nuestro país.Convención de la OCDE entre los empresarios argentinos.

Entre las fallas que destaca el informe en el capítulo dedicado a la Argentina, se encuentran: deficiencias en la protección de denunciantes de casos de corrupción del sector público y privado y dificultades respecto del acceso a la información sobre los casos de corrupción existentes.

También quedan resaltadas dificultades relacionadas con la ausencia de una base de datos unificada sobre información de casos de corrupción existentes a nivel provincial, así como los inconvenientes para conseguir información en los juzgados desde que el artículo 204 del Código Procesal Penal afirma que la información del caso es solamente accesible para las partes.

El caso de soborno reportado en el documento involucra a la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (IMPSA) y está vinculado con la renovación de un contrato que poseía la empresa para la explotación de una planta hidroeléctrica en Filipinas. También se mencionan la existencia de acusaciones por soborno que se llevan adelante contra IBM Argentina, Siemens, Thales Spectrum Argentina, Ansaldo Energia SpA, Skanska y Accor Services.

Tampoco puede dejar de mencionarse la falta de jurisdicción nacional para los casos de soborno, la ausencia de responsabilidad criminal para las corporaciones, las deficiencias en el programa nacional de protección de testigos y la ausencia de leyes para proteger a los testigos en el sector privado. Asimismo, existen retrasos significativos en las investigaciones judiciales, principalmente debido a los atrasos de los informes de los peritos, y a las demoras al momento de realizar pedidos de asistencia internacional a la Justicia en el exterior.

Por último, el informe recomienda: mayor conciencia sobre el tema de sobornos para el sector privado nacional y entrenamiento de los fiscales en técnicas de investigación, al tiempo que pide fortalecer los procesos de denuncia.

Es fundamental fortalecer los mecanismos que promuevan la transparencia, como son la sanción y cumplimiento real de normativa vinculada con el acceso a la información, la protección de denunciantes y testigos de actos de corrupción, así como la generación de herramientas que permitan una eficaz y eficiente investigación de causas en las que se juzguen delitos de corrupción.

Esta es la cuarta edición del Informe, que intenta proveer un acercamiento anual a la aplicación de estas normas anti-soborno para los países miembros de la OCDE. Entre los aspectos considerados en la presente edición se encuentran los esfuerzos realizados por los países evaluados en relación con la aplicación de la Convención, avances o retrocesos en materia de acceso a la información, así como un listado de aquellas compañías involucradas, a nivel internacional, en casos de soborno.