El jueves 12 de octubre Poder Ciudadano concurrió a la Administración General del Poder Judicial de la Nación para retirar las 25 declaraciones juradas de los jueces y miembros del Consejo de la Magistratura que accedieron al pedido realizado en julio pasado.

La obligación de presentar las declaraciones juradas figura en la ley N° 25188, sancionada en noviembre de 1999, llamada “Ley de Ética de la Función Pública”. La norma obliga a todos los funcionarios del Estado a presentar sus declaraciones juradas dentro de los 30 días de haber asumido un cargo, a renovarla todos los años y también a presentar una última declaración pasados los 30 días en que una persona se alejó de la función pública. La ley también prevé el derecho de cualquier ciudadano a consultar y obtener copia de dichas declaraciones.

El 12 de julio de 2006 Poder Ciudadano presentó ante la Administradora General del Poder Judicial de la Nación, los formularios de solicitud de consulta de declaración jurada patrimonial integral de 89 miembros del Poder Judicial de la Nación. Sólo 25 de ellos autorizaron la publicidad de sus datos. El resto se opuso, hizo reservas o directamente no ha contestado al requerimiento.

Es por ello que con fecha 4 se septiembre de 2006, se presentó un recurso de apelación ante el plenario del Consejo, fundamentando el pedido en que el derecho a la información es parte del derecho de libertad de expresión y está previsto en numerosos pactos internacionales de derechos humanos que fueron incorporados a la Constitución Nacional con la reforma de 1994.

El acceso a la información relativa al funcionamiento de los órganos públicos constituye una condición necesaria para el ejercicio del derecho de peticionar a las autoridades, consagrado constitucionalmente.

El 12 de octubre el plenario resolvió por pedido de la consejera Diana Conti que la apelación vuelva a Comisión para que ésta se expida y el pleno pueda decidir sobre la cuestión.

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