En un histórico fallo, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata confirmó la legitimidad de la Fundación Poder Ciudadano como querellante en una causa de corrupción, dando la posibilidad de que las organizaciones sociales puedan participar activamente en este tipo de investigaciones .

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Buenos Aires, 6 de Noviembre de 2018. En el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 de La Plata, a cargo del Juez Ernesto Kreplak, tramita una causa en la que se investiga una supuesta defraudación al Estado Nacional por parte de la UTN-La Plata de más de $14.000.000, instrumentada a partir de la contratación ficticia de más de 250 “consultores fantasmas”.

Poder Ciudadano acompañó como patrocinante a los denunciantes de identidad reservada, y posteriormente se presentó como querellante en base a lo establecido en el art. 82 bis del Código Penal de la Nación, el cual permite la participación de Organizaciones de la Sociedad Civil en causas donde se investigan graves violaciones a los derechos humanos.

En su presentación, Poder Ciudadano sostuvo que la verdadera víctima de los delitos de corrupción, no es la administración pública, sino los miles de ciudadanos y ciudadanas que no pudieron gozar de servicios esenciales como educación, seguridad o salud, ya que los funcionarios de turno se apropiaron de los recursos destinados a esos fines. Además, en base a esto sostuvo que los delitos de corrupción, en su gran mayoría, tienen como consecuencias graves violaciones a los derechos humanos.

A pesar de no existir antecedentes dentro de nuestra jurisprudencia que avalan la participación de organizaciones en causas de corrupción, el juez Kreplak hizo lugar al pedido de la Poder Ciudadano, admitiéndolo como querellantes en la causa.

En mayo de 2018 los imputados impugnaron esta decisión, sin embargo, teniendo en cuenta criterios establecidos por las convenciones internacionales y la doctrina, el juez Kreplak rechazó el planteo y reafirmó la legitimidad de Poder Ciudadano para ser parte querellante en la causa, decisión que fue apelada por los imputados en la causa. Sin embargo recientemente la Cámara rechazó la apelación, confirmando la decisión de que Poder Ciudadano sea tenido como parte en la causa.

Para Pablo Secchi, Director Ejecutivo de Poder Ciudadano, “la decisión de la Justicia Federal de La Plata no tiene precedentes en Argentina. Este fallo implica la posibilidad de que las organizaciones de la sociedad civil tengan un rol activo en investigaciones de corrupción. La figura de querellante permite, entre otras cuestiones, impulsar el proceso judicial, ofrecer pruebas y, en definitiva, controlar que las investigaciones de corrupción no mueran por falta de actividad de la justicia. Así, se amplía la participación de la ciudadanía, reduciendo los espacios para la impunidad, tan frecuentes en casos donde se investiga al poder”.

Desde Poder Ciudadano se espera que este fallo sirva como antecedente para seguir promoviendo la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción en Argentina, lo cual puede significar una importante mejora del sistema penal logrando procedimientos mucho más eficaces y exitosos.

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