Expresamos preocupación por el proyecto de reforma de la ley de acceso a la información pública de CABA y reclamamos cambios a la Legislatura

Poder Ciudadano, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Fundación Directorio Legislativo expresan su preocupación por el dictamen aprobado por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para reformar la Ley N° 104 de Acceso a Información Pública. La reforma resulta insuficiente para asegurar el derecho de acceder a información pública de los habitantes de la Ciudad y es en varios aspectos menos protectoria que la ley nacional recientemente sancionada.

Entre los puntos más problemáticos del dictamen se destaca la ausencia de garantías de independencia e idoneidad de los titulares de los “órganos garantes”. Se trata de unidades administrativas a cargo de la resolución de los reclamos por denegatorias de información. Para cumplir con esa función, la independencia e idoneidad de sus titulares es indispensable, y esto no se encuentra asegurado en el dictamen. Para asegurar la idoneidad de los funcionarios, es necesario implementar un proceso de selección mediante un concurso público de oposición y antecedentes, y para favorecer su independencia, es necesario prever la intervención de la Legislatura en los procesos de designación y remoción de los titulares, así como establecer su autarquía presupuestaria.

Entre otros déficit, no contempla el procedimiento sancionatorio adecuado. El régimen general de la Ley de Empleo Público no es aplicable a funcionarios jerárquicos, únicos habilitados en el texto del dictamen para denegar pedidos de información. Además, si bien la norma incorpora obligaciones de transparencia activa, algunas son regresivas en ciertas áreas. Por ejemplo, en materia de información sobre contrataciones y recursos humanos, la Ley N° 572 de la Ciudad prevé la publicación de mayores niveles de información. Por otra parte, se excluye de la obligación de publicar información de manera activa a determinados sujetos obligados, como por ejemplo, a las empresas públicas y a concesionarios de servicios públicos, entre otros. Además, el proyecto no garantiza de manera efectiva el acceso a información presupuestaria en su máximo nivel de desagregación, información cuya disponibilidad si está contemplada dentro de las obligaciones de transparencia activa previstas en la Ley Nacional de Acceso a Información Pública.  A su vez, algunas de las excepciones contempladas en el dictamen para fundar el rechazo de pedidos de información son defectuosas y pueden dar lugar a denegatorias de información indebidas. Por último, también se amplían injustificadamente los plazos para la respuesta de pedidos de información.

Instamos a los Legisladores de la Ciudad a rever el texto del dictamen aprobado por la Comisión de Asuntos Constitucionales y a realizar modificaciones profundas para que la reforma de la Ley 104 contribuya a resolver las serias falencias existentes en el cumplimiento del derecho a la información pública en la Ciudad de Buenos Aires, y que además respete los estándares mínimos fijados en el ámbito del sistema interamericano de protección de Derechos Humanos.