Impugnamos las candidaturas a Fiscal General y Asesora General Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires
19. 11. 2013
El pasado viernes 15 de noviembre, organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección de los derechos fundamentales presentaron ante la Subsecretaría de Justicia de la Ciudad impugnaciones a las pre-candidaturas de Martín Ocampo y de Yael Bendel como Fiscal General y Asesora General Tutelar de la Ciudad, respectivamente, por considerar que no cumplen con los criterios mínimos de idoneidad y no ofrecen las garantías de independencia que los cargos requieren. En los escritos presentados (http://bit.ly/1b3XccQy http://bit.ly/1hSxITu respectivamente) se explican las razones por las cuales consideramos que el Jefe de Gobierno no debería avanzar con las postulaciones de Yael Bendel para ocupar el máximo cargo de la Asesoría General Tutelar y de Martín Ocampo para desempeñarse como Fiscal General, organismos que forman parte del Poder Judicial.
La Fiscalía General debe procurar la satisfacción del interés social ante los tribunales de la Ciudad, así como llevar adelante las investigaciones y acusaciones penales. Por tal motivo, las organizaciones que impugnamos la candidatura de Martín Ocampo a Fiscal General destacamos que su condición de actual diputado oficialista e integrante del partido de gobierno no da garantías suficientes sobre el futuro ejercicio del cargo con la independencia que éste requiere. Esto es fundamental en un organismo que debe actuar en las causas judiciales de interés público en las que son parte el Gobierno de la Ciudad y, eventualmente, los propios funcionarios de gobierno (ej. se espera que en los próximos años asuma la tarea de impulsar causas de corrupción). Afirmamos, a su vez, que Ocampo no cuenta con los antecedentes necesarios para dirigir el Ministerio Público Fiscal y destacamos sus escasos antecedentes en materia penal.
La impugnación a la postulación de Martín Ocampo fue firmada por siete organizaciones: Asociación Americana de Juristas (rama Argentina), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Directorio Legislativo, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Poder Ciudadano, y Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).
A su vez, a estas organizaciones se sumaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) para impugnar la postulación de Yael Bendel, candidata a ser Asesora General Tutelar
La Asesoría General Tutelar tiene por objetivo la protección y la satisfacción de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y de las personas afectadas en su salud mental Respecto de la candidata Bendel las organizaciones resaltaron que no es especialista en la temática: no ha realizado estudios de especialización y únicamente ha ocupado cargos en el Poder Ejecutivo, a los que no accedió mediante concurso. A su vez, afirman que el hecho de que su acercamiento a la temática esté casi exclusivamente vinculado a los cargos políticos en los que fue designada, minaría su capacidad de ejercer el cargo con independencia de criterio, requisito que las organizaciones destacan como imprescindible para dirigir un órgano que proactivamente debe exigirle al gobierno que cumpla con sus obligaciones en materia de satisfacción de derechos.
Por último, las organizaciones observan que Bendel, desde diversos cargos ocupados dentro del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad, no ha ejercido un rol activo en la defensa de los derechos que estaba llamada a proteger y ha demostrado tener una visión restrictiva sobre la función y competencias de la Asesoría General Tutelar.
Poder Ciudadano considera que el Poder Ejecutivo de la Ciudad debería reconsiderar las candidaturas propuestas ya que, teniendo en cuenta el impacto que dichos cargos tienen en el sistema de protección de derechos y control de los actos de la administración pública resultaría inaceptable la promoción de candidatos que carecen de antecedentes suficientes y cuentan con fuertes compromisos partidarios.
