Los abogados Virgolini, Maloneay y Silvestroni han solicitado ejercer su derecho a réplica a una opinión de Poder Ciudadano en la que expresa su preocupación frente la denuncia realizada por ellos ante el Tribunal de Ética del Colegio Público de Abogados contra  integrantes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE). Ver texto completo de los letrados aquí.
Dado que a partir del Fallo “Petric, Domagoj Antonio v. Diario Página 12” por parte de la CSJN (Lexis Nº 983898), quedó claro que el derecho a réplica no abarca las meras opiniones, ideas o juicios de valor o críticas, invitamos a los letrados y a todos los interesados en la solución de hechos de corrupción en el país, a convertir el derecho a réplica en un debate público.
En su comunicación, Poder Ciudadano destacó la importancia de que una discusión sobre  un caso de alta relevancia en materia de corrupción y recupero de activos se de, tanto en el expediente penal como en la arena pública, con la mayor plenitud.
La solución definitiva de un caso de corrupción y el recupero de los fondos sustraídos de las arcas públicas son cuestiones de la máxima importancia, que reclaman el involucramiento de la ciudadanía y la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil. El caso IBM-Banco Nación constituye una oportunidad de poner a prueba ideas y mecanismos novedosos que puedan  ayudar tanto al recupero de activos como a la reducción de la impunidad, escapando al mismo tiempo de paradigmas meramente punitivos. Las razones para que esto no haya ocurrido aún son múltiples y no está en la intención de Poder Ciudadano ocuparse de ello, sino rescatar lo que aún es posible del debate generado. Las intervenciones procesales y en la arena pública de las ONGs y de los abogados son del máximo valor, y la opinión de Poder Ciudadano se orientó exclusivamente a potenciar las posibilidades de este debate, recomendando excluir acciones enfocadas en sanciones personales sobre cualquiera de los abogados participantes en razón de sus decisiones en estas arenas.
Es por ello que señalamos que trasladar las discusiones procesal y/o pública al terreno de la responsabilidad disciplinaria de los abogados, llevando el conflicto y sus consecuencias al terreno personal, implica correr el eje de la disputa y restringir éste y futuros debates.
Es por eso, que desde Poder Ciudadano, invitamos a alimentar un debate democrático en el que se exponga la diversidad de posiciones de distinguidos abogados, profesores universitarios y militantes de la sociedad civil, acerca de la solución correcta de un caso de corrupción pública.
Creemos que es posible darle un nuevo cauce a esta discusión. Para esto es necesario elegir un ámbito y reglas de juego que nos contengan y en los que nos podamos reconocer mutuamente en nuestras diferencias. En cuanto al ámbito, les proponemos que sea Poder Ciudadano. En cuanto a las reglas de juego, diseñemos un debate estructurado en torno a temas específicos y con reglas claras para el desarrollo de la discusión. Si todos los involucrados están de acuerdo, nos ponemos ya mismo a organizarlo. Si de esta discusión sale algo más que litigio y agresión, habrá valido la pena.
Una última consideración en relación a la insistente referencia a que la opinión de Poder Ciudadano ha sido expresada de manera anónima.. Somos una organización con más de 20 años de actuación pública en la sociedad civil, titular de personeria jurídica, con un domicilio legal y con una web institucional (www.poderciudadano.org) en donde podrán encontrar los datos de las autoridades constituidas formalmente y de los miembros de su staff.
Apelamos a la alta estima y respeto que sentimos por todos los involucrados en el conflicto y deseamos profundamente que este debate público pueda concretarse.
Saludos cordiales,
PODER CIUDADANO