Buenos Aires, 18 de junio de 2015 – La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires informó en el día de ayer que comenzará a publicar los informes de financiamiento de las campañas, tanto previos como finales, presentados por los partidos políticos en el marco de la Ley 268. Dicha ley establece que mediante estos informes los partidos deben informar los ingresos y egresos efectuados con motivo de la campaña electoral, con detalle del concepto, origen, monto y destino, 10 días antes del acto electoral y 30 días después de finalizado el mismo.

Hasta el día de hoy, la AGCBA publicaba solo el informe final producto de su auditoría, pero no así los informes elaborados por cada uno de los partidos, con el detalle correspondiente, siendo esta información clave para posibilitar no solo el control sino también el voto informado de parte de los electores.

Poder Ciudadano viene trabajando sostenidamente para que esta situación se revierta. En el año 2014, y ante la falta de respuesta a un pedido de información en el cual se solicitaban dichos informes, inició una acción de amparo para que se garantice el acceso a la información pública. La AGCBA entregó los informes a partir de esta acción, sin embargo, su publicación para la ciudadanía en general seguía pendiente. Por este motivo y luego de mantener reuniones con los Auditores, reiteró su pedido por escrito y recibió en el día de ayer una respuesta positiva.

Celebramos la decisión de la AGCBA de acercar la información pública a la ciudadanía, y entendemos que se trata de un paso importante para la transparencia y la rendición de cuentas de la competencia electoral. Insistimos sin embargo en que la publicación debe ser oportuna, es decir, al momento de ser entregados los informes a la Auditoría, y no 90 días despúes.  El objetivo primordial del informe previo de campaña es fomentar el voto informado, por lo cual su presentación posterior anula su sentido original. Poder Ciudadano seguirá trabajando en esta temática, con el objetivo de mejorar la calidad del vínculo de la ciudadanía y los partidos políticos, y fortalecer la equidad de la competencia electoral.