A raíz de la admisión del recurso extraordinario de salto (per saltum) que la Corte Suprema de Justicia realizó en el caso “Castelli, Germán Andrés c/ Estado Nacional-Consejo de la Magistratura de la Nación s/ amparo ley 16.986”, y a partir de varios hechos suscitados sobre el particular, Poder Ciudadano manifiesta su posición al respecto y los fundamentos que la sostienen.

Las distintas opiniones e intereses de las personas siempre generan discrepancias. El conflicto político es, por lo tanto, inevitable. En el marco de una democracia es, además, saludable: se amplía el menú de alternativas a considerar y se enriquece la vida ciudadana. Pero para que esas diferencias puedan procesarse y los diferentes grupos puedan seguir conviviendo en paz, tienen que existir mecanismos que resuelvan los conflictos. En las democracias modernas, esas instancias las establece la Constitución de cada país, así como las instituciones y las leyes que emanan de ella. En la Argentina, como en muchos otros países, para decidir quién gobierna se cuentan los votos. Y para decidir sobre las controversias jurídicas nuestra Constitución establece que la última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El respeto a esos principios constitucionales hace a la salud y al desarrollo institucional de un país: se respetan las decisiones del gobierno —independientemente de si me gusta o no quién es el presidente y las políticas que implementa— y se respetan las decisiones de la Corte Suprema —independientemente de si me gustan o no quiénes la integran y el contenido de sus fallos—. Estas premisas deben ser válidas tanto para el oficialismo como para la oposición, tanto para el ciudadano como para el funcionario, tanto para la sociedad civil como para el Estado.

En otras palabras, como los desacuerdos de opinión constituyen una característica natural de la vida social, resulta indispensable acordar —redactando una Constitución— y luego respetar las reglas y los mecanismos que nos permiten procesar nuestras diferencias. Incluso cuando se busque reformar esas mismas instituciones, el respeto de esas reglas por parte de todos es la expresión de un Estado de Derecho y de una democracia de calidad.

Desde 1989, Poder Ciudadano trabaja en pos del respeto a la Constitución Nacional, el Estado de Derecho y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia. Por eso busca contribuir a que los funcionarios y los políticos ajusten su comportamiento a las leyes y los procedimientos, que limitan las acciones ilegales o arbitrarias. El abuso del poder —incluyendo la violación de la separación de poderes— siempre vulnera los derechos de la ciudadanía.

En esta oportunidad, observamos con preocupación la expresión no solo de manifestaciones y declaraciones que son intentos explícitos e improcedentes que buscarían influir, presionar y/o amenazar con sanciones a los jueces de la Corte Suprema, sino también de opiniones sosteniendo que la Corte Suprema respetará la Constitución dependiendo del contenido del fallo por venir —en otras palabras, si el fallo no es el que espero, entonces seguramente es producto de alguna causa inconfesable, y por lo tanto no lo considero legítimo y no reconozco su legalidad—.

Poder Ciudadano desconoce en qué sentido se expedirá la Corte Suprema en el caso mencionado. Y aunque la historia argentina no sea pródiga en el respeto a la Constitución y a las leyes, exhortamos a funcionarios, políticos y ciudadanos a no poner en riesgo nuestro entramado constitucional, nuestro acuerdo social básico, por no ajustarse a las expectativas o deseos de cada cual.

El respeto de esas reglas por parte de todos es la expresión de una vida institucional sana y de una democracia de calidad. Por ello, convocamos una vez más a aceptar los procedimientos legales y contribuir a la responsabilidad social.