Poder Ciudadano recibió el Informe preliminar de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción (OA), a raíz de la denuncia efectuada en el marco de la licitación para la construcción del “Tren Bala”. Poder Ciudadano había exigido el acceso al expediente del Tren Bala al considerar que se trataba de información pública que debía conocerse.
 
Así “el control democrático, por parte de la sociedad a través de la información pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública”
La OA concluyó que se habría violado el derecho de acceso a la información pública, por lo que: “cabría sugerir a la Autoridad de Aplicación que (…) analice la viabilidad de formular una recomendación al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a efectos de subsanar tal incumplimiento y garantizar el derecho de acceso a la información”.

En la resolución se resaltó que toda denegación debe ser fundada, ya que “la presunción de la accesibilidad significa que la responsabilidad debería estar sobre el organismo público que procura negar el acceso a cierta información, para demostrar que legítimamente puede retenerla” y que las excepciones “deben ser interpretadas con carácter restrictivo y su concurrencia probada por la Administración”.

 

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