Poder Ciudadano considera que la falta de transparencia en las mediciones de inflación  produce investigaciones innecesarias sobre el periodismo y las consultoras. Ante esto la ONG  pidió acceder a los expedientes en los que se investiga a las firmas que realizan mediciones económicas.

Buenos Aires, 23 de septiembre.- Las recientes noticias sobre requerimientos judiciales a medios de comunicación y al Congreso sobre datos de periodistas y modalidades de elaboración de datos sobre inflación ponen de manifiesto un sinsentido con el que es necesario terminar. La distorsión de los datos estadísticos sobre la inflación desde 2007 es, por una parte, un problema institucional, ya que el Estado le está negando a los ciudadanos el derecho a la información correcta. Es un problema de política pública, por otra parte, ya que hay decisiones clave que no se pueden tomar adecuadamente sin información confiable.

El impulso por parte de la Secretaría de Comercio de la Nación de investigaciones administrativas y penales contra consultoras que realizan mediciones tiende a invertir de modo inadmisible los términos del problema. Se investiga judicialmente y se discuten públicamente las mediciones privadas y su publicación, cuyo interés sería prácticamente irrelevante si la Argentina no careciera de estadísticas confiables.

Por estas razones, y para contar con documentación confiable y someter a debate público el contenido de los expedientes administrativos y judiciales, Poder Ciudadano presentó solicitudes para poder acceder a ellos. En sede administrativa, fue permitido el acceso al expediente, siempre que se cuente con la autorización de las firmas. En tanto que en la sede judicial,  la solicitud fue rechazada en la causa que tramita el Juzgado en lo Penal Económico Nº 4 a cargo del Dr. Alejandro Catania, por lo que se presentó una apelación. En las otras dos causas en curso, que se tramitan en otros juzgados, Poder Ciudadano se encuentra a la espera de resoluciones favorables.