Transparencia en compras y contrataciones de la Ciudad: ONGs manifestamos al Jefe de Gobierno nuestra preocupación por las modificaciones legislativas en la Ley de Contrataciones Públicas.

El 14 de noviembre de 2013 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó con fuerza de ley una modificación a la ley de Compras y Contrataciones (Ley Nº 4763) y al régimen de redeterminación de precios (Ley Nº 4764) con una mayoría de 30 votos en el primer caso y 29 en el segundo.

Desde ACIJ, CIPCE y Poder Ciudadano elaboramos un informe (que se adjunta a la presente), y presentamos una nota al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, manifestando nuestra preocupación por esos dos proyectos de ley y requiriéndole que haga uso de las facultades que le confiere el Art. 87 de la Constitución de la Ciudad, y proceda al veto de los mismos.

Las referidas organizaciones sostenemos que dichas normas brindan mayor discrecionalidad a los funcionarios públicos, criterio opuesto al buen uso de los recursos públicos y la prevención de la corrupción que busca por todos los medios que los recursos no queden sujetos a la mera voluntad de los funcionarios de turno. Entre las modificaciones a la ley de compras y contrataciones que merecen nuestra crítica se encuentran: el aumento en el número de unidades de compra establecidos como tope para las contrataciones menores; menores requisitos para la fundamentación las contrataciones directas; la eliminación del tope del 5% de aumento sobre los precios de referencia; las facultades del organismo contratante de aumentar el valor original adjudicado en montos superiores a lo establecido por la ley anterior y de prorrogar los contratos de suministros más allá de un año. La nueva ley de redeterminación de precios también nos preocupa dado que le brinda una discrecionalidad significativamente mayor al Poder Ejecutivo, elimina los mecanismos de control y sus modificaciones socavan el principio de transparencia.

Estas nuevas normas -que perdurarán en el tiempo a través de diversas administraciones- lejos de ofrecer garantías contra la comisión de hechos irregulares, favorecen la realización de actos de corrupción por parte de los funcionarios dispuestos a hacer mal uso de las facultades que les otorgan, lo que podría redundar en daños incalculables en el erario público y en la buena administración de los recursos.

Para que la Ciudad de Buenos Aires pueda cumplir garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población y cumplir con las funciones básicas de seguridad y justicia, precisa de normas que, siguiendo los criterios establecidos en los tratados internacionales, tributen a impedir que los funcionarios de la Administración Pública actúen en perjuicio de la transparencia y la rendición de cuentas que cualquier buena gestión de lo público requiere.

Dada la gravedad del tema, desde ACIJ, CIPCE y Poder Ciudadano solicitamos el urgente veto o derogación de dichas normas.

Adjuntamos informe completo

Solicitud de Veto