Media sanción para la Ley del Arrepentido

El pasado 23 de junio la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de Ley del Arrepentido, por lo cual ahora el proyecto de ley se encuentra en el Senado para su revisión.

Desde Poder Ciudadano celebramos  el avance de la discusión en  la regulación normativa de la figura del colaborador eficaz o “arrepentido” e instamos a la Cámara de Senadores a que avance en la sanción definitiva de la ley para poder contar con un marco normativo acorde a los estándares internacionales en la materia.

El proyecto aprobado contiene avances significativos hacia la vigencia efectiva de la figura del arrepentido en nuestro ordenamiento jurídico, reconocido en diversos instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción, de los cuales Argentina es parte.

Entre los aspectos destacables de la ley en tratamiento  se puede mencionar  la incorporación al Código Penal la figura del arrepentido para los delitos contra la administración pública  y los fraudes contra el erario público. Además, quien decida ampararse bajo esta figura podrá obtener, a cambio de brindar información útil a las autoridades judiciales que les permita desbaratar a las organizaciones criminales, sus máximos responsables, demás partícipes y recuperar los activos y bienes sustraído,  una reducción en su pena, por lo que el arrepentido deberá ser pasible de una condena inferior que aquella que corresponda a los demás imputados denunciados. Por otro lado,  no sólo se castiga severamente a quien, amparándose en este instituto, brinde información falaz, sino que también, se excluye de la posibilidad de realizar  acuerdos acogiéndose a la figura del arrepentido  a los funcionarios públicos actuales o pasados que por su jerarquía deban ser removidos mediante juicio político.

Asimismo, resulta necesario destacar que la figura del arrepentido solamente podrá ser utilizada durante el trámite del proceso, lo cual zanja la discusión abierta respecto de su aplicación a personas con condenas en ejecución y la intromisión indebida en facultades propias del PEN.

También se modificó el criterio inicial de que un arrepentido podía colaborar en otros procesos en los que no era parte. Ello finaliza con la confusión respecto de si era un imputado o un simple testigo en un proceso ajeno. Se han clarificado lo roles procesales.

Finalmente, es necesario recordar que con la sanción de la norma se preserva el derecho constitucional de tratamiento igualitario, al equiparar a los arrepentidos de casos de corrupción con los arrepentidos de otros delitos (lavado de dinero, terrorismo, narcotráfico, trata de personas, secuestros extorsivos, etc.) que ya contaban con esta legislación desde hace años.

En conclusión, se trata de un proyecto que permite dotar a la Justicia de una herramienta ya utilizada para investigar otros delitos complejos y convierte en realidad una norma considerada esencial en la lucha contra la corrupción a nivel internacional y muy especialmente, en los procesos anticorrupción ocurridos en Perú y Brasil.