En esta sección, que actualizamos  semanalmente, compartimos noticias leídas en distintos medios por el staff de Poder Ciudadano y que no queríamos dejar pasar. A cada noticia le seguirá un breve comentario escrito por miembros de nuestro equipo.
Esta nota resume las investigaciones periodísticas sobre las denuncias de corrupción que llevaron a la renuncia de Erenice Guerra, jefa de la Casa Civil, una institución clave de la presidencia de Brasil, un tipo de jefatura de gabinete. Las denuncias apuntan al tráfico de influencias por parte del hijo de Guerra, Israel, quien habría solicitado a una empresa  una comisión para facilitar el acceso a un crédito del Banco Nacional de Desarrollo (BNDES). Según el empresario, en la Casa Civil le habían sugerido contactar a Israel Guerra. El dinero que éste solicitaba, según la misma denuncia, sería para la campaña presidencial del oficialismo.
Varios aspectos son destacables de esta noticia. En primer lugar, el hecho de que frente a indicios de corrupción, una alta funcionaria renuncia. Esto es una señal importante, ya que muestra responsabilidad y voluntad de dejar actuar a la justicia. Si los hechos se confirmaran, se trata de una denuncia de gravedad, que muestra que aún un gobierno innovador en muchos aspectos como el de Lula, es vulnerable a la corrupción, y que requiere de mecanismos preventivos para reducir su probabilidad. Además, en la narración de los hechos aparecen los fondos de campaña como un elemento clave que explica el comportamiento ilegal. Una vez más, vemos la importancia de la transparencia en los fondos de campaña para prevenir esta clase de hechos. Es destacable, además, la claridad de las infografías, que ayudan a comprender los hechos. Por último, vale la pena destacar la importancia que en esta campaña tienen las acciones realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil para excluir candidatos de cualquier partido involucrados en actos de corrupción: ver www.fichalimpa.org.br
Hernán Charosky, Director Ejecutivo
La noticia da cuenta de la utilización, por parte de funcionarios, de automóviles de alta gama que son entregados gratuitamente en préstamo por parte de empresas automotrices. Es importante reparar en que las empresas tienen importantes motivaciones para efectuar estos “préstamos”. Les permite posicionar su marca y obtener beneficios publicitarios nada despreciables.
Como contrapartida, la neutralidad de los funcionarios a la hora de ejercer su labor se ve interferida por estas gentilezas, dado el evidente peligro de que cuando deban tomar decisiones que potencialmente puedan afectar a las empresas que otorgan el beneficio, no actúen de manera objetiva.
Sería importante entonces que este tipo de acuerdos, si le reportan beneficios al estado en términos de ahorro, sean regulados de tal manera que la elección de la empresa que realizará el préstamo sea transparente, asegurándose también que los acuerdos no interfieran en las decisiones de los funcionarios, contaminando su objetividad y desviándola de la única dirección admisible, la satisfacción de finalidades públicas.
Diego Martínez, Justicia.
La depreciación del peso lógicamente trajo consecuencias directas sobre la economía del país.  Uno de los sectores donde más influyó fue el de los servicios públicos.  Al estar inicialmente atados a las variaciones de la moneda norteamericana, la necesidad de ajustar las tarifas fue eje de numerosos debates.  El gobierno por su parte, optó por subsidiar a las empresas prestadoras de los servicios con el fin de que los precios no aumenten e impacten en el índice de precios general.
Si ese es realmente el objetivo de la política de subsidios que se está implementando, claramente debe ser revisado.  Por un lado, la política demuestra que, por ejemplo el sector de gas ha tenido resultados totalmente ineficientes y parciales en términos de eficacia ya que se subsidia por igual al primero y al último estrato social y además el acceso al servicio es limitado.  Por el otro, los servicios de Internet, cable y telefonía incrementan sus precios debido a la gran concentración en la oferta.
Es evidente que una política de subsidios es necesaria, pero debe ser realizada en base a criterios de productividad y eficiencia productiva.  No alcanza con demostrar que en términos relativos tal o cual servicio es barato respecto de otros países vecinos. La cuenta debe hacerse en términos del bolsillo de la ciudadanía que se encuentra por debajo de la línea de pobreza.
Es fundamental generar espacios de debate informado, con datos certeros y con participación ciudadana para lograr que los servicios públicos sean de todos y para todos.
Federico Arenoso, Transparencia y Anticorrupción.-