En esta sección semanal destacamos las noticias que no son tapa de los diarios y que muchas veces pasan desapercibidas dentro de la vorágine informativa diaria de los medios. Van acompañadas por un breve comentario de miembros de nuestro staff.

Costa de Marfil: otra guerra civil en ciernes (La Nación)

La historia de la crisis de Costa de Marfil, que recién parece comenzar a vislumbrar una solución, comenzó en noviembre. En ese momento hubo comicios presidenciales y los principales contendientes eran el Presidente en ejercicio, Laurent Gbagbo, y el dirigente opositor Alassane Ouattara. Una vez concluido el recuento de los sufragios, que dieron vencedor a Ouattara, el Presidente Gbagbo denunció el fraude de su opositor y se negó a entregar el poder. Gbagbo mantuvo rodeado al Presidente electo en el Hotel del Golf, que había sido una suerte de búnker electoral opositor durante la campaña, gracias al apoyo de las fuerzas armadas que permanecieron leales a su mandato.

Además, al ser Costa de Marfil un país vinculado a empresas europeas, sobre todo francesas, las multas y presiones monetarias y financieras que se ejercieron sobre el régimen de Gbagbo fueron relevantes, pero no suficientes, para forzarlo a dejar el poder. Únicamente luego de dejar a su país al borde de una guerra civil, Gbagbo fue detenido junto a su mujer y su hijo por las fuerzas militares que responden a Ouattara.

Sin pretender abordar debates sobre las dinámicas que presentan los denominados regímenes políticos híbridos, o “autoritarios competitivos”, como parece ser este caso, entendemos que brinda tres importantes lecciones a las democracias latinoamericanas: en primer lugar, América Latina es una zona de paz, donde la opción militar es ampliamente rechazada. En segundo lugar, la contención de los países de la región actúa rápidamente sobre aquellos actores que desafían la legitimidad de un líder investido democráticamente –tal como ocurrió en la crisis de Honduras–. Y por último, se encuentra el hecho de que aceptar un dictamen electoral desfavorable en las urnas, para aquellos que detentan el poder, supone la base de toda democracia.
Facundo Galván, director, Instituciones Políticas y Gobierno.-

Con largas colas, votaron unos 60.000 peruanos en Argentina (Clarín)

El domingo se realizaron las elecciones peruanas, y en Buenos Aires alrededor de 50.000 ciudadanos de ese país ejercieron su derecho. Con voluntarios y con el equipo de Poder Ciudadano tuvimos la posibilidad de asistir como observadores en representación de Transparencia Perú, organización que se encarga de monitorear el desarrollo de las elecciones desde hace más de 15 años.
Resulta interesante destacar, por un lado, el compromiso de los voluntarios que dedicaron su día a participar e intentar garantizar la transparencia de un proceso electoral tan importante como este, en el cual se ponen en juego los próximos cinco años de conducción de una nación. Por otro lado, la dedicada tarea de aquellos ciudadanos que fueron llamados para actuar como autoridades de mesa y que cumplieron con su obligación durante toda la jornada.
La participación de la ciudadanía en las elecciones es fundamental y constitutiva de una democracia representativa sana. Este año en nuestro país atravesaremos al menos dos procesos eleccionarios a nivel nacional, los cuales representan un desafío doble. Para las autoridades, que deberán poner especial atención a la capacitación de los ciudadanos, y para los ciudadanos, quienes deberemos redoblar nuestro compromiso para garantizar que todos podamos ejercer nuestro derecho cívico, y que nuestros votos se traduzcan fielmente en los resultados electorales.
Rosario Pavese, Instituciones Políticas y Gobierno.-

La contraloría revela mal uso de platas públicas destinada a niños más pobres (El Mostrador-Chile)

La Contraloría General de la República es el órgano que, en Chile, está encargado de revisar la legalidad de los actos de la administración pública, un símil de SIGEN en la Argentina. La nota da cuenta de cómo, la publicidad de los informes de la Contraloría, permite conocer la existencia de malversación de fondos a nivel municipal. Concretamente, se trata de dinero asignado a las municipalidades para su utilización en programas relacionados con la educación pública, es decir, se trata de dinero que beneficiaría a los escolares de más bajos recursos del país, y que fue destinado a otros fines.

De la nota se destacan al menos tres aspectos relevantes: por un lado, la importancia de que los informes de los organismos de control sean públicos, de modo que la ciudadanía pueda llegar a tener conocimiento de este tipo de irregularidades respecto de la utilización de fondos estatales. Además, se trata de un tema sensible, la educación pública, y sobre esto podemos observar en la nota las diferencias con el sistema chileno, en el que, no solamente existe una educación pública versus una privada, sino que además es un sistema híbrido, en el que privados suministran el servicio educacional, subsidiados por el Estado, y cómo esto plantea problemáticas a la hora de controlar la utilización de estos recursos. Finalmente, llaman la atención las diversas “explicaciones” respecto de la malversación de los fondos, que en definitiva, de no ser utilizados en aquello para lo que estaban destinados, debían restituirse, y no utilizarse con otros fines.
Nadia Tapia, Centro de Asistencia Legal Anticorrupción.-