En esta sección semanal destacamos las noticias que no son tapa de los diarios y que muchas veces pasan desapercibidas dentro de la vorágine informativa de los medios. Van acompañadas por un breve comentario de miembros de nuestro staff. Los comentarios publicados reflejan las opiniones personales de los miembros del staff y son responsabilidad de quienes los firman.

 

UK Bribery Act Offers Best Practices for Preventing Corruption (Business Finance)

 

Esta ley aprobada en 2010, es la más dura contra la corrupción en todo el mundo y comenzó a aplicarse en  julio pasado. La ley se enfoca en los sobornos recibidos no solamente por los funcionarios extranjeros, sino también por cualquier persona involucrada en el delito. Vale la pena subrayar que existe una pauta, con consejos, para prevenir violaciones a esta ley.

Anteriormente, the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) o (la Ley contra las Prácticas Corruptas en el Extranjero), que fue aprobada en los Estados Unidos en el año 1977, representaba el punto de referencia más importante en la materia.

Sin embargo, la nueva ley británica es considerada el nuevo estándar global para prevenir y detectar el soborno de los funcionarios extranjeros.

Para la nueva Ley ya no importa en qué país se comete el delito y se puede llevar ante la Justicia al  individuo o la empresa que esté vinculado al Reino Unido. Y se diferencia de la Ley norteamericana, porque si una empresa no tomó los pasos necesarios para prevenir el soborno dentro de su accionar, podrá ser enjuiciada, con penas muy duras: hasta 10 años en la cárcel, multas sin límite, y la posibilidad de confiscar sus propiedades.

Resulta importante señalar que la Ley afecta a todos. A las empresas que dan trabajo a los ciudadanos británicos, a las que dan un servicio a una organización británica, y también a las que tienen una oficina en el Reino Unido. Por lo tanto, muchas compañías extranjeras se sienten afectadas por esta nueva ley contra la corrupción.
Andrew Hurwitz, pasante inglés.-

 

Venezuela advierte a Corte Interamericana contra fallo favorable a opositor (Terra)

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos dará a conocer ,en los próximos días, la sentencia dictada en el caso Leopoldo López contra Venezuela.El denunciante, perteneciente al partido opositor Voluntad Popular, sería propuesto como candidato a presidente en las próximas elecciones de 2012. Sin embargo, en el 2008 fue inhabilitado políticamente por un período de seis años, por -supuestamente- utilizar de manera indebida una partida presupuestaria como alcalde de un municipio de la ciudad de Caracas.

El dirigente opositor alega que la inhabilitación sucedió sin un juicio previo, y que fueron infringidos sus derechos políticos, reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Por su parte, el representante del Estado ha declarado ante la Corte Interamericana que, en caso de resolver a favor de Leopoldo López, se violaría el principio de la Convención Americana contra la Corrupción, por darle la razón a alguien que cometió actos irregulares en calidad de funcionario público.

Se debe destacar que la Corte no tiene competencia alguna para investigar y juzgar hechos internos, como el supuesto acto de corrupción por el cual se inhabilitó a Leopoldo López, sino que simplemente podrá y deberá decidir sobre si el Estado de Venezuela violó o no sus derechos políticos, lo que definirá su exclusión o participación en las elecciones presidenciales que se avecinan.
Bárbara Pastrana, voluntaria área Justicia.-
El derecho a la vivienda, un debate supremo (Página 12)
Es sumamente alentador que la Corte Suprema de Justicia haya decidido incluir en su agenda el derecho a la vivienda digna, más aún cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en una decisión regresiva y contraria a la jurisprudencia vigente, había fijado criterios sumamente restrictivos para el ejercicio de ese derecho.

Al tratar el caso en una audiencia pública, la Corte indica que ocupa un lugar relevante en su agenda, y reafirma que si bien nuestros tribunales no están en condiciones de diseñar políticas públicas porque ello es competencia de los otros poderes; si pueden trabajar activamente por el control y el cumplimiento efectivo de todos los derechos constitucionales.
Un párrafo aparte merece lo dicho por la Ministra de Desarollo Social, quien sostuvo que las familias no tienen otra alternativa para continuar percibiendo los subsidios luego de su vencimiento que recurrir a la vía judicial, lo que según las propias palabras de la ministra también genera una enorme inequidad con quienes no pueden acceder al sistema judicial. La Corte está ante la oportunidad histórica de ir más allá del caso individual e incidir en la formulación de las políticas de acceso a la vivienda en la ciudad para mejorar la vida de miles de personas, y subsanar una violación de derechos estructural que lejos está de remediarse.
Nicolás Vargas, Justicia.-