En esta sección semanal destacamos las noticias que no son tapa de los  diarios y que muchas veces pasan desapercibidas dentro de la vorágine informativa diaria de los medios. Van acompañadas por un breve comentario de un miembro de nuestro staff.
Para que se pueda llevar adelante el plan de saneamiento del Riachuelo, tal como lo ordenó la Corte Suprema en el histórico fallo Mendoza, es necesario que la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), el organismo responsable de esa tarea, funcione eficientemente.
La noticia presenta, en términos sencillos y accesibles, un informe de auditoría que demuestra que eso no está sucediendo. ACUMAR no ha completado su institucionalización y no cuenta con recursos propios claramente definidos.
Resulta especialmente inquietante la falta de avance en una de sus principales misiones: la implementación de un sistema de información pública digital vía Internet. Para mejorar la calidad de vida de los vecinos, prevenir daños y asegurar el control sobre el avance del plan de las organizaciones de la sociedad civil, contar con datos sistematizados, actualizados y accesibles resulta esencial. Reducir la fragmentariedad y la dispersión de la información sobre una problemática tan compleja es el gran desafío. Para enfrentarlo es necesario contar con un organismo con capacidades institucionales claras y recursos humanos, económicos y tecnológicos suficientes.
Diego Martínez, Justicia.
En Chile, existe una tendencia en aumento de casos de derechos humanos que acceden al sistema interamericano, como el caso de la jueza Atala, a quien se le negó judicialmente la tenencia de sus hijas discriminándola por su condición sexual. Según comentarios de colegas trasandinos la tendencia se produce porque los tribunales de ese país son menos permeables que los nuestros a recibir planteos basados en tratados internacionales de DD HH, en parte, por sus posiciones sobre la jerarquía normativa entre el derecho local y el internacional. Por nuestra experiencia de trabajo en Santiago, también pudimos ver que existe una fuerte cultura de trabajo jurídico pro bono, del que participan muchos abogados y abogadas comprometidos a acercar el saber jurídico a la comunidad, difundir herramientas, derechos y equilibrar las condiciones de acceso a la justicia. La elección del artículo apunta a demostrar el complejo y rico proceso que se transita con la construcción de un caso de interés público y a contagiar la motivación a los actores jurídicos para que participen en redes de trabajo legal vinculadas a este tipo de casos.
Verónica Tarzia, Justicia.
Surgieron varias críticas provenientes de diversos sectores en relación a la Asignación Universal Por Hijo (AUH), una de las políticas sociales más importantes de Latinoamérica,  vigente en nuestro país desde el año pasado. Una de las más crudas es aquella proveniente de algunos empresarios, que consideran que por la AUH, no consiguen mano de obra.  Especialistas de Naciones Unidas, del Ministerio de trabajo y del Sistema Integrado de Documentación (SID) se reunieron para debatir en relación a dichas críticas, las cuales, desde su visión, carecen de sustento. El programa establece un tope de cinco hijos por familia para recibir esta contribución. Por lo cual, el máximo de dinero que puede recibir una familia por mes es de $880. Si un empresario no consigue mano de obra debido a esta, por cierto escasa, asignación, implicaría que están ofreciendo una remuneración tan baja que no llega a tentar a ningún trabajador. La AUH otorga, en este sentido, un piso mínimo de negociación para los sectores más vulnerables. A su vez, implicaría que pretenden contratar a estos trabajadores de modo informal, ya que los que están insertos en el mercado formal reciben esta asignación a través del salario, por lo que la AUH desaparece automáticamente.  Teniendo en cuenta la reciente muerte de Ezequiel Ferreyra, el niño que murió de cáncer víctima del trabajo infantil, no sería tan descabellado pensar que esta “escasez´´ de trabajadores tenga que ver con la utilización de mano de obra infantil, ya que para percibir la asignación los menores deben cumplir con asistencia escolar obligatoria, lo que los alejaría del mercado laboral.
Rosario Pavese,  Instituciones Políticas y Gobierno.