En esta sección, que actualizamos  semanalmente, compartimos noticias leídas en distintos medios por el staff de Poder Ciudadano y que no queremos dejar pasar. A cada noticia le sigue un breve comentario escrito por miembros de nuestro equipo.

La nota hace referencia a una donación de 12,3 millones de dólares a la Universidad de Harvard para estudios interdisciplinarios de ética y corrupción. Después de la crisis financiera de 2008, muchas escuelas de negocios en todo el mundo volvieron a darle importancia a los estudios de ética (como ya había sucedido luego de Enron y de Worldcom). Esto sería una escena ya vista, si no fuera por el enfoque que uno de los líderes del proyecto enuncia: “No nos interesan los casos de gente que rompe las reglas”, dice el Profesor Lessig, “nos interesan los casos en los que la gente está viviendo de acuerdo a las reglas pero resulta que las influencias dentro de una institución distorsionan el efecto de esa institución”.
El enfoque resulta novedoso, ya que se escapa de los tradicionales corsés morales (bueno/malo) e ideológicos (derecha/izquierda), para proponernos una mirada sistémica de los problemas de corrupción y de debilitamiento en la aplicación de reglas. Desde este punto de vista, las situaciones que devienen en sistemas corruptos y que finalmente colapsan las instituciones, son vistas durante un tiempo considerable como funcionales, tanto por quienes participan de ellas como por los observadores externos. Sería interesante pensar cuántas situaciones que vemos como tolerables, normales o funcionales deberían ser cuestionadas antes de que hagan colapsar capacidades relevantes del Estado.
Hernán Charosky, Director Ejecutivo.-
El deficiente rendimiento de Argentina frente a la evaluación técnica del GAFI y la falta de leyes y políticas de prevención y persecución del lavado de dinero es un tema del que se habla hace al menos un año. Aparece y desaparece de la agenda conjuntamente con la noticia de algún indicio del estudio del organismo internacional. El oficialismo y la oposición carecen de un plan adecuado para abordar la temática y los proyectos de ley no son tratados deliberadamente. Por ende, los fiscales y jueces poseen pocas herramientas para desplegar investigaciones sobre estos hechos delictivos y lograr resultados en términos de condenas.
El lavado de dinero es el síntoma de actividades instaladas que generan un daño directo a las instituciones democráticas y afectan los derechos fundamentales de ciudadanos y ciudadanas. Cualquier política instaurada en relación al lavado de dinero debe considerar el tratamiento del tipo de actividades que lo origina: narcotráfico, trata de personas, corrupción política y empresarial, evasión tributaria, entre otras. Existen decisiones legislativas demoradas sobre proyectos anticorrupción y de lucha contra la trata de personas que también instamos a concretar en forma urgente.
Verónica Tarzia, Justicia.-
En los últimos meses se dieron dos discusiones políticas que fueron tratadas por separado pero están íntimamente ligadas. El proyecto de presupuesto 2011 y el aumento de los haberes jubilatorios. El circuito presupuestario es claro: cada organismo revela sus planificaciones para el año entrante y el Ministerio de Economía elabora el proyecto que cada 15 de septiembre es presentado en el Poder Legislativo para el debate parlamentario. Hoy, el proyecto se encuentra en esta etapa.
No existe mejor coyuntura para debatir una política pública que ésta, ya que no solo se pueden determinar acciones y funciones, sino definir prioridades de financiamiento. El presupuesto es, en definitiva, una ley que determina prioridades y define ganadores y perdedores. Cuando el Poder Ejecutivo y Legislativo deciden que se invierta en un sector y no en otro, están poniendo las cartas sobre la mesa, tomando caminos y desechando otros.
Por ello, es de vital importancia que la estimación de las variables monetarias se realice con la mayor precisión posible, ya que son ellas las que definen el monto total a discutir. Si se subestiman estas variables, el total decrece y el país se priva de definir de manera republicana las prioridades a futuro.