Noticias de Ayer extra! extra!

enero 14, 2011 / by / Category : Uncategorized

En esta sección semanal destacamos las noticias que no son tapa de los  diarios y que muchas veces pasan desapercibidas dentro de la vorágine informativa diaria de los medios. Van acompañadas por un breve comentario de un miembro de nuestro staff.

Transparencia: Consejo envía duro oficio a La Moneda por proyectos que restringen su actuación (El Mercurio, Chile)

El Consejo para la Transparencia (CPLT) es el organismo que en Chile se encarga de velar por el cumplimiento del Acceso a la Información Pública. Este organismo, a diferencia de lo que sucede en la Argentina con la Oficina Anticorrupción, cuenta con autonomía funcional y presupuestaria, además de facultades punitivas,como el recorte del 50% del sueldo del encargado de responder por este servicio público,e inclusive la suspensión temporal de su cargo.

El artículo da cuenta de la existencia de proyectos de ley destinados a recortar las funciones del CPLT. Esto se da en medio de la resolución del CPLT que obliga al Ministerio de Defensa chileno a hacer entrega de la información relativa a la compra -con aparente pago de un sobreprecio- de puentes mecanos utilizados luego del terremoto del 27 de febrero del 2010.

El establecimiento de organismos autónomos que se ocupen de velar por el cumplimiento del deber de entregar información pública es una garantía más – y quizás una de las más importantes- para asegurar la efectividad del derecho de acceso a la información. La autonomía de las resoluciones de este tipo de organismos- como el CPLT en Chile- puede llevar a eventuales enfrentamientos, o diferencias de criterios, con los entes a los que debe controlar, y esto es parte del costo que debe pagarse para garantizar este derecho.

Nadia Tapia, Centro de Atención Legal Anticorrupción.-

Cerca de seis millones de menores de 14 años recibieron DNI de manera gratuita (Agencia Peruana de Noticias)
El subregistro de nacimientos y la indocumentación son dos fenómenos concatenados que se constituyen como una de las principales deudas sociales en nuestro continente. Si no se inscriben los nacimientos, la identidad que reconocen los Estados es nula y por lo tanto, las personas no sólo no existen, sino que no pueden siquiera hacer reclamables sus derechos básicos y mucho menos, gozarlos de manera efectiva.
Los grupos en situación de vulnerabilidad en casi todos los países de la región encuentran barreras, en algunos casos infranqueables, para acceder al derecho a la identidad: personas en situación de pobreza, pueblos originarios, inmigrantes y niños deberían ser las preocupaciones prioritarias para los sistemas de identificación. Si bien en muchos países existen programas especiales, en otros, bajo el paraguas de legislaciones inespecíficas y/o vetustas, se invisibiliza a estos grupos, aumentando la discriminación hacia ellos en materia de identidad.
No hay objetivos pretenciosos cuando de garantizar derechos se trata: todas las metas, en ese sentido, son básicas e impostergables. En Perú, la campaña que realiza el RENIEC (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) vinculada a la infancia, tiene como meta para el año 2011, que TODOS los niños y niñas peruanos tengan su documento de identidad. Los números y la intensidad de las acciones del sistema de identificación peruano muestran que ésto no sólo es posible sino que es realizable, aún en condiciones institucionales que pueden no ser perfectas, pero que cuentan con la voluntad política y social para hacer efectivo el objetivo planteado.

Karina Kalpschtrej, Construcción de Ciudadanía.

Estamos Haciendo Buchones (Página 12)

La cuestión de la inseguridad se estableció en los últimos tiempos como una de las principales preocupaciones que aquejan a los argentinos y en este marco el Jefe de Gobierno porteño, formuló una idea  controvertida. En principio, se intentará firmar un convenio con la cámara que agrupa al 90% de las agencias privadas de seguridad, con el objetivo manifiesto de que los vigiladores den avisos y alertas a la policía Metropolitana sobre potenciales delitos o conflictos en la vía pública. Esta intromisión del sector privado en una función que debe estar indiscutiblemente en manos del Estado aparece como un paso errado, que puede dar lugar a altos niveles de conflictividad y variadas confusiones, trastocando el sistema de autoridades legitimadas para actuar en estos casos y minimizando la responsabilidad que tiene el Estado en la protección de sus ciudadanos.
Sin embargo, lo más interesante del plan es que esta red de vigiladores incluiría en un futuro a encargados de edificios, canillitas, kiosqueros y taxistas. Así como en una actualización del futuro distópico planteado por George Orwell en “1984”, los unos vigilarían a los otros, transformándose así en proto-policías con capacidad de determinar quién es sospechoso, qué es delito y qué no lo es, sin la capacitación ni la experiencia suficiente requerida para esto. El tema de la inseguridad merece una profunda reflexión y no precisa de acciones improvisadas, sino de un análisis exhaustivo de todas sus aristas para poder encontrar soluciones integrales que estén focalizadas en la cuestión social.
María Belén Cañas, Instituciones Políticas y Gobierno.-