En esta sección semanal destacamos las noticias que no son tapa de los  diarios y que muchas veces pasan desapercibidas dentro de la vorágine informativa diaria de los medios. Van acompañadas por un breve comentario de un miembro de nuestro staff.

Fascismo y caricaturas (Clarín)

Esta semana el calificativo de fascista apareció en relación a esta noticia sobre el “escrache”, como una metodología a ser enseñada en los cursos de “Política y ciudadanía”, en la educación secundaria de la Provincia de Buenos Aires. En la bajada, la nota de Clarín anticipa: “Esta modalidad fascista se iguala con piquetes y pintadas. Se enseñará en 5°año”. Días antes, en su sección editorial del domingo, La Nación había calificado al peronismo de  “émulo del fascismo”.

Desde los datos históricos sobre los años formativos de Perón, hasta el modo en el que el gobierno nacional utiliza los fondos destinados a publicidad oficial, pasando por la destrucción de las estadísticas nacionales, marcan hitos (según el artículo), que vuelven comparable al movimiento iniciado en octubre de 1945, con el que fundó Mussolini.

El problema del uso de estos (des)calificativos, es que bloquean toda posibilidad de diálogo real sobre temas y problemas de política pública y de cultura democrática, para desplazarse a la confrontación de caricaturas. En efecto, la sociedad argentina se merece un espacio donde desarrollar un debate permanente sobre las formas de participación ciudadana, las potencialidades y límites de la movilización callejera, y  sobre cuáles son los canales alternativos a estas modalidades. Del mismo modo, el uso del presupuesto público para propaganda política de los oficialismos (a nivel nacional es más notorio y de escala astronómica, pero el problema se repite en distritos con distintos signos partidarios) y la distorsión prepotente de las estadísticas nacionales, son asuntos que requieren el máximo rigor en la demanda de transparencia.

Sin embargo, la descalificación a través del uso de términos como “fascista”, cuando la libertad de expresión es la regla en nuestro país, neutralizan la posibilidad de poner estos debates y estas demandas en su justo lugar. En cambio, a lo que contribuyen es al griterío que del otro lado se complementa con descalificaciones como “gorila”, “golpista” “destituyente” y similares, propalados muchas veces desde lo más alto de la escala de gobierno. La alimentación de una versión caricaturizada de la democracia, en la cual el otro (sea el gobierno, la oposición o los medios afines a unos u a otros) encarna el mal absoluto, nos aleja del debate y de la posibilidad de cambiar la realidad.

Después llega el domingo, prendemos la televisión y en el entretiempo vemos un homenaje repetido una y otra vez a un Presidente, como no se ha hecho con ningún otro Presidente de la democracia, entonces respiramos profundo y pensamos “esta va a ser otra semana complicada”…

Hernán Charosky, Director Ejecutivo.-


No es novedad que la Administración Pública nacional suele no respetar estándares de transparencia. El Decreto 1172/2003 sobre acceso a la información pública es un claro ejemplo de cómo la existencia de normativa es condición necesaria pero no suficiente para lograr que las instituciones democráticas funcionen correctamente.
Así como las empresas estatales están obligadas por este decreto a publicar información, las empresas del sector privado deberían hacer lo propio con la información relativa al vínculo que existe entre las actividades productivas que realizan y la comunidad. La realidad nos muestra que son escasas las empresas del sector privado que rinden cuentas a la ciudadanía sobre cómo interactúan con la sociedad, bajo qué estándares éticos, cómo evitan o luchan contra la corrupción y/o cómo defienden el medio ambiente.
Así como cotidianamente Poder Ciudadano interpela a distintos organismos públicos sobre distintos temas, también ha hecho lo propio con las empresas (públicas y privadas) que han sido mencionadas en los correos electrónicos del denominado “Jaime Gate”.
De las 32 empresas mencionadas en los correos electrónicos, sólo dos brindaron información sobre estándares de ética, transparencia y responsabilidad social.
La responsabilidad de rendir cuentas a la ciudadanía también recae sobre el sector privado.

Federico Arenoso, Transparencia y Anticorrupción.-

Scioli decidió intervenir la empresa Ferrobaires tras el accidente en San Miguel (Clarín)

El accidente fatal de San Miguel, que terminó con la vida de 4  pasajeros y que dejó al menos 100 heridos, dejó al descubierto la necesidad de reformas en la política ferroviaria, pero también vuelve a ser un llamado de atención para todos los ciudadanos.

Pese a la seriedad del accidente las autoridades volvieron a mostrar las mismas respuestas de siempre: pase de facturas entre los distintos gobiernos y empresas o culpas a los operarios de los trenes. Pero lo que no puede volver a ser del mismo modo es nuestra posición frente a este tipo de episodios.

Como ciudadanos y usuarios de los transportes públicos debemos tener presente que las distintas autoridades deben hacer cumplir las leyes que establecen cómo deben prestarse estos servicios y qué calidad deben tener. Ante esto, recurrir a los entes reguladores de control y ante las distintas instancias de queja por los malos servicios que padecemos, debería transformarse en una acción cotidiana. Si nos conformarmos con ser expectadores, sólo nos quedará esperar más de lo mismo.

Lucas Luna, Comunicación.-