En esta sección semanal destacamos las noticias que no son tapa de los  diarios y que muchas veces pasan desapercibidas dentro de la vorágine informativa diaria de los medios. Van acompañadas por un breve comentario de un miembro de nuestro staff.


La discusión por la falta de sanción de una Ley nacional que garantice el acceso a la información pública muchas veces nos hace olvidar que ya existen normas que obligan al Estado a ofrecer ciertos datos públicos y que su cumplimiento está lejos de ser satisfactorio.
Eso sucede, por ejemplo, con la ley 25.152, que obliga a facilitar, para la consulta, las órdenes de compra y de pago de organismos, estados de ejecución de presupuesto, personal contratado, listado de beneficiarios de jubilaciones, pensiones y retiros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; así como la información acerca de la regulación y control de los servicios públicos.
Esta semana leemos una nota que sintetiza las principales observaciones de un informe de la AGN, que da cuenta del enorme retraso de los sitios web de los organismos públicos para poner esa información on line, y democratizar y facilitar el acceso a esta información por parte de la ciudadanía.
Se trata, es cierto, de un caudal de información nada despreciable y sistematizarla y subirla a Internet puede dar trabajo. Por esto parecería razonable que se reglamenten los alcances de la ley, algo frente a lo que la autoridad de aplicación –la Jefatura de Gabinete- no ha mostrado mayor prisa.
Esta dificultad, además, debería servirnos para abrir el debate respecto de la posibilidad de aplicar políticas de open data en la administración. Si existe voluntad política para salvar los escollos –en lugar de usarlos como pretexto para perpetuar la cultura del secreto- sería bueno que la ciudadanía, a través de la participación de los expertos en informática interesados por la cosa pública, haga su aporte en la labor de sistematizar, organizar y visualizar la información de la administración de gobierno.
Diego Martínez, Justicia.-


Es sabido que los argentinos en general somos reticentes a atender comentarios adversos, pero esto se vuelve mucho más grave cuando se trata de la conducta de los funcionarios en el ejercicio de su cargo. Por esto resulta importante sugerir a los empleados públicos, cualquiera sea su rol en el Estado, que tomen las críticas y los informes como una colaboración para un mejor gobierno, para fortalecer las instituciones y para contribuir a la tarea del poder judicial.
Quienes creemos en la veracidad y seriedad de los informes de la Auditoría, no podemos sino abogar para que sus informes sean escuchados, pues su trabajo de investigación es cuidadoso y respetable.
Existe desde siempre una clara resistencia de todos los gobiernos a este tipo de documentos críticos, que finalmente ponen luz sobre la falta de transparencia del accionar de sus funcionarios. Es de desear que la responsabilidad de la función pública sea ejercida por ciudadanos incorruptibles ya que si esto sucediera, mejoraría la calidad de nuestra joven democracia.
María Batch, Construcción de Ciudadanía


El Estado Nacional tiene el deber de proteger y garantizar los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y es por esto responsable de la prestación de los servicios públicos. Frente a la cantidad de funciones y obligaciones que tiene el Estado, una de las maneras de llevarlas a cabo es mediante la concesión de dichas prestaciones a empresas privadas, que quedan bajo el control de entes reguladores.
En este sentido, luego que el Ministerio de Planificación Federal solicitó al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) la realización de auditorías a las empresas prestadoras del servicio de electricidad, llama gratamente la atención que las auditorías se llevaran a cabo a fin de verificar que los usuarios hayan sido escuchados y hayan recibido una respuesta frente a los reclamos por los cortes de luz sufridos.
Para que una situación como esta no se repita, los ciudadanos, de forma individual y a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil, deberíamos promover el efectivo control por parte de los entes reguladores, ya que los principales damnificados, por los incumplimientos de las empresas, somos todos.
Romina Arcos, Transparencia y Anticorrupción.-