En esta sección, que actualizamos  semanalmente, compartimos noticias leídas en distintos medios por el staff de Poder Ciudadano y que no queremos dejar pasar. A cada noticia le seguirá un breve comentario escrito por miembros de nuestro equipo.
El gobierno nacional, al intervenir el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), no tomó dimensión del daño que le estaba causando al país y por qué no a su proyecto político. Sucede que los posibles “beneficios” que la intervención pudo otorgar (menor carga de deuda) terminaron licuándose frente a los perjuicios ocasionados. Por citar un ejemplo, la aparición de índices de precios al consumidor paralelos, de escasa confianza y robustez estadística, no hacen más que aportar más incertidumbre a la confusión y desconfianza sobre las estadísticas oficiales. Y es este el principal factor negativo de la intervención: la pérdida de credibilidad.  Muchos datos proporcionados hoy seguramente sean verídicos (producto bruto nominal, por ejemplo), pero no son creíbles.

En este marco de dudas se realizará el próximo censo. Confieso que se me  cruzaron por la mente las siguientes preguntas: ¿Tengo la seguridad de que los datos finalmente revelados serán verídicos? ¿Vale la pena participar?  Después de pensarlo detenidamente pude responderlas y sacar una conclusión. La primera respuesta es No (de hecho nunca la tuve) y la segunda es Sí. ¿Por qué? Porque los datos recolectados por los censistas serán herramientas para la toma de decisiones en los próximos diez años, más allá del gobierno de turno o de la coyuntural intervención de un organismo.

Federico Arenoso, Transaprencia y Anticorrupción.

Se levantó el acampe piquetero en la 9 de Julio (Clarín)

El Argentina Trabaja representa un avance en relación a las tradicionales políticas sociales de subsidios que se implementan en nuestro país. Este no implica una mera transferencia de dinero al beneficiario del programa, sino que apunta a la inclusión mediante el trabajo genuino remunerado y a la promoción de la organización cooperativa y comunitaria.

Y este último, no es un punto menor…

El cooperativismo se sostiene, tradicionalmente, sobre los valores de la democracia y la igualdad de sus miembros. Su inclusión dentro de una política pública de transferencia de ingreso representa un avance hacia la desestigmatización de los beneficiarios, quienes dejan de ser meros actores pasivos que reciben una asignación mensual, para convertirse en sujetos activos de su propia transformación.

Sin embargo, las prácticas clientelares terminan por alterar el objetivo primario y formal de estos programas. Distintas agrupaciones, como Barrios de Pie en este caso, denunciaron la existencia de punteros políticos que presionan a los beneficiarios, condicionando su participación en el programa a la asistencia a actos públicos o hasta incluso obligándolos a entregar parte del dinero recibido. Al no existir criterios claros para la inclusión dentro de estos planes, se corre el serio riesgo de convertir estas políticas en armas para la cooptación de votos.
La participación de un ciudadano dentro de un programa nacional de desarrollo social constituye un derecho que no puede ser menoscabado por ningún puntero ni partido político. En este escenario, los reclamos por transparencia y equidad se convierten en elementos indispensables para garantizar el éxito real de estos programas, es decir, que lleguen a quienes más lo necesitan.

Rosario Pavese, Instituciones Políticas y Gobierno.

Intiman a jueces electorales a resolver sobre gastos de campaña (Clarín)

La campaña electoral de 2007, fue particularmente importante para el análisis del financiamiento electoral. Argentina fortaleció sus mecanismos de control y transparencia en esta materia. Recordemos que en la campaña en la cual fue elegido Presidente Fernando de la Rúa, los partidos políticos sólo tenían que decir cuánto dinero habían recibido y cuanto habían gastado (sólo números totales). A partir de la ley 25.188 (luego modificada por la ley 26.215) los partidos políticos tienen un marco estricto para financiarse y deben transparentear sus gastos en forma detallada.

La campaña 2007 tiene varios elementos que la ponen bajo la lupa de la justicia. Sólo algunos ingredientes de ella son: la valija de Antonini Wilson, una importante cantidad de donaciones de empresas farmaceúticas a la campaña del FPV (siendo el recaudador de la campaña de la candidata Fernández de Kirchner el entonces Superintendente de Salud), la mafia de los medicamentos, y hasta un resonante triple crimen cuya una de las victimas fue donante de la campaña.

La aprobación final de los informes de campaña es esencial para iluminar algunos de los puntos que generan duda sobre esa campaña electoral. Pasados tres años de la elección, y vencidos todos los plazos legales, la Cámara Nacional Electoral espera una respuesta de los Jueces Federales.

Pablo Secchi, Instituciones Políticas y Gobierno.-