Buenos Aires, 30 de septiembre.- Poder Ciudadano, junto a CIPPEC, ADC y ACIJ, expresa su preocupación ante el tenor que ha tomado en los últimos días el creciente conflicto entre el Gobierno Nacional y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Resultan de particular gravedad la defensa explícita que han hecho autoridades del Gobierno del incumplimiento de los fallos en el caso Sosa y ciertos agravios dirigidos a influir indebidamente el sentido de las decisiones que debe adoptar el tribunal en causas de sensible interés institucional.

El Estado de Derecho tiene entre sus pilares el funcionamiento de un Poder Judicial independiente. Como resultado de la introducción de mecanismos de publicidad y participación ciudadana en el proceso de designación de jueces/zas del máximo tribunal, y luego de diversas reformas introducidas en su funcionamiento interno, nuestro país cuenta con una Corte Suprema legítima, con miembros que han dado muestras de independencia e idoneidad. Esto, vale destacar, ha redundado en un mayor reconocimiento y protección de los derechos de las personas.

El avance que significó para nuestra democracia la renovación y el fortalecimiento de la Corte Suprema es tan notorio que cuenta con la aprobación casi unánime de las representaciones políticas y los movimientos sociales de la Nación. Es imprescindible consolidar este camino y evitar regresiones que socavarían los principios democráticos y republicanos de nuestra Democracia Constitucional.

Como todo poder público, el Poder Judicial y la Corte Suprema de Justicia están sujetos a la crítica y la rendición de cuentas sobre su actuación y es deseable el involucramiento activo de la ciudadanía en el debate sobre los asuntos públicos que llegan a sus estrados. Más aún, el sistema de frenos y contrapesos que caracteriza a nuestra estructura institucional alienta al diálogo entre los distintos poderes del Estado y admite desacuerdos, por más profundos que fueran. Sin embargo, la saludable crítica, y el desacuerdo sobre cuestiones constitucionales, traspasan un límite cuando la discrepancia se manifiesta mediante descalificaciones injustificadas y agravios personales, que destruyen la discusión razonada y minan los canales de construcción  institucional pluralista.

La constitución de una Corte Suprema independiente, legítima e idónea representa un activo de nuestro Estado de Derecho que es necesario sostener. Es deseable que todas las autoridades de la Nación converjan y hagan expreso reconocimiento de este acuerdo básico.