Gracias al patrocinio letrado de uno de los miembros de la red de Abogados Voluntarios, se inició una acción de amparo contra un programa nacional para que una mujer discapacitada y de escasos recursos recibiera ayuda económica.

El caso fue iniciado el 3 de febrero de 2005, por la propia interesada que envió una carta al Programa Federal de Salud (PROFE), dependiente del Ministerio de Salud solicitando ayuda económica. Al no obtener respuesta, acudió a la Defensoría del Pueblo de la Nación, que meses más tarde exhortó al Poder Ejecutivo Nacional a que procediera a reglamentar los artículos 33 a 37 de la ley 24.901 de Discapacidad, y a la Directora del PROFE a implementar los mecanismos para satisfacer el requerimiento de mujer afectada. Sin embargo, esto no se realizó.

Gracias a la intervención de la Dra. Romina Kelly, se inició una acción de amparo que culminó en la resolución a favor de la mujer. La jueza Claudia Rodríguez Vidal resolvió que la “… omisión por parte del órgano ministerial configura un apartamiento del mandato conferido por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto 1193/98 y, por lo tanto resulta ilegítima (…)”. Y ordenó al ministerio de Salud que en plazo de treinta días procediera a dictar, juntamente con la Comisión Nacional Asesora para la integración de Personas Discapacitadas, las normas que resulten necesarias para la aplicación del beneficio previsto en el artículo 33 de la ley 24.901.