Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparency International  participó en el mes de junio de este año del proceso de evaluación que se llevó a cabo en Cancillería como parte del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) para evaluar los mecanismos de implementación de la Convención anti soborno.

A partir de dicho trabajo la OCDE presentó un informe (en inglés) sobre la implementación por parte de Argentina de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales y documentos relacionados.

Los resultados obtenidos en las evaluaciones no fueron positivos para la Argentina en términos institucionales en materia de lucha contra la corrupción. De acuerdo al informe, nuestro país sigue sin contar con una ley que penalice a las empresas por el cohecho internacional y que permita procesar a los ciudadanos que cometan este delito en el extranjero. Por otra parte, indica,  que existen demoras generalizadas que continúan entorpeciendo las complejas investigaciones de delitos económicos. También, señala, que la injerencia del poder ejecutivo en los procesos disciplinarios contra los jueces y fiscales amenazan su independencia.

Desde Poder Ciudadano, observamos el informe con mucha preocupación, destacando que la visión del Comité confirma los pocos avances y esfuerzos en materia de lucha contra la corrupción en Argentina.

A raíz de estos resultados el Grupo de Trabajo de la OCDE manifestó su duda respecto compromiso de Argentina para combatir el soborno internacional y  realizó nuevas recomendaciones para mejorar la lucha de Argentina contra el cohecho internacional, entre las que se incluyen:

  • la pronta implementación del nuevo Código Procesal Penal;
  • la reducción del elevado número de vacantes judiciales y el uso de jueces sustitutos;
  • la investigación y persecución con seriedad de todos los casos de cohecho internacional, según sea necesario;
  • la creación de incentivos para que las empresas adopten medidas encaminadas a prevenir y detectar los cohechos internacionales;
  • una mejor protección de los denunciantes ante las represalias.

A pesar de las críticas y recomendaciones, el informe también pone de manifiesto algunos avances positivos, como las reformas legislativas, los nuevos organismos creados para la investigación de delitos económicos, las mejoras en la comunicación de transacciones sospechosas de blanqueo de capitales, el endurecimiento de las normas contables y de auditoría, y los esfuerzos de conciencia miento realizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Desde Poder Ciudadano creemos que resulta necesario tomar medidas urgentes para abordar estos asuntos que generan gran preocupación para el Grupo de Trabajo de la OCDE. Argentina será sometida a una nueva evaluación a finales de 2016 para valorar su progreso. Una misión de observación también viajará a Argentina a principios de 2016.

Para consultar el informe: aquí.