Poder Ciudadano solicitó a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la comisión de Obras y Servicios Públicos, que promueva un debate abierto y participativo del contrato de recolección de residuos, otorgando a la comunidad la oportunidad de conocer y opinar sobre el proyecto de ley del Gobierno de la Ciudad.

Poder Ciudadano participa desde hace al menos una década en el monitoreo y la implementación de procesos que garantizan la transparencia y la participación ciudadana en las contrataciones del Estado. Entre otros, participó en la licitación del servicio de recolección de residuos en Morón (en 2000) y su renegociación luego de la crisis, en la compra de textos escolares del Ministerio de Educación de la Nación en 2004 y actualmente en la contratación del servicio de recolección de residuos en el municipio de Esteban Echeverría.

El contrato de recolección de residuos suele consumir gran cantidad de recursos del presupuesto público y la Ciudad de Buenos Aires no es la excepción. La duración del contrato, los costos, el tipo de recolección, transporte y procesamiento de los residuos, suelen ser temas de alta sensibilidad no sólo para los gobiernos sino también para la comunidad. Es un deber institucional que la elaboración, tratamiento y selección, se realicen conforme a estándares de transparencia, competencia, acceso a la información y participación ciudadana.

El derecho a un ambiente sano es garantizado por la Constitución porteña. En su artículo 27 establece que la Ciudad desarrolla de forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural instrumentando un proceso de ordenamiento territorial y ambiental ‘participativo’. Además, regula la minimización de los volúmenes y la peligrosidad en la generación, transporte, tratamiento y disposición de los residuos. A su vez, la Constitución porteña garantiza la publicidad de los actos de gobierno, el derecho de acceso a la información pública y la democracia participativa.

En honor a estos principios constitucionales y con la convicción de que la participación ciudadana dota a la administración de una diversidad de enfoques e interpretaciones además de un mejor y mayor control, Poder Ciudadano solicitó a la Legislatura de la Ciudad, a través de la comisión de Obras y Servicios Públicos, que promueva un debate abierto y participativo, otorgando a la comunidad la oportunidad de conocer y opinar sobre el proyecto de ley del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el contrato de la recolección de residuos.

A fin de garantizar los principios constitucionales, Poder Ciudadano solicita se garanticen los siguientes puntos:
1. Inmediata publicidad en los sitios Web del Gobierno de la Ciudad y la Legislatura del proyecto de ley del Ejecutivo incluyendo el ‘anexo’, o proyecto de pliego.
2. Tiempo suficiente para el análisis por parte de la comunidad.
3. Convocatoria y realización de una Audiencia Pública en el ámbito de la Legislatura al menos un mes después de la publicidad del proyecto de ley y anexo a través de Internet. Además proponemos la realización de una segunda Audiencia Pública en la zona en la que la recolección de residuos está a cargo del Gobierno de la Ciudad.
4. Publicidad amplia de la convocatoria a Audiencia Pública (diarios, radios y otros medios nacionales y locales).
5. Explicativo acerca de los principios y las reglas de la audiencia pública que no será vinculante pero sí obligará al Ejecutivo a presentar en forma expresa el tratamiento otorgado a todas las cuestiones planteadas por los participantes en la audiencia.
6. Realización de un informe completo de Audiencia Pública por parte de la Legislatura que será enviado al Ejecutivo.
7. El Ejecutivo, tendrá un mes para responder a cada uno de los puntos planteados en el informe de Audiencia Pública justificando por qué decide incorporar o no al pliego las sugerencias emitidas en la Audiencia Pública.

La incorporación de estas sugerencias no debe ser entendida como una ‘concesión’ del gobierno a la comunidad sino como parte del derecho a la participación en los asuntos públicos garantizados por la Constitución porteña. También obedece a un estilo de gestión de gobierno abierto y participativo dispuesto a escuchar la diversidad de las propuestas emanadas desde la comunidad y a darles tratamiento. La administración será siempre la primera y última responsable de sus actos.