Presentamos un reclamo formal a la ONU por el proceso de designación del Defensor Del Pueblo de la Nación

En la tarde de ayer Poder Ciudadano y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) se reunieron con  el Representante Regional  de América del Sur de la Oficina  del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Dr. Amerigo Incalcaterra, para manifestarle la preocupación que, junto a más de 30 organizaciones de la sociedad civil, comparten en relación al procedimiento de designación del titular de la Defensoría del Pueblo que puso en marcha el Congreso de la Nación.

Durante el encuentro, las organizaciones conversaron con el Representante sobre las numerosas solicitudes que las organizaciones de la sociedad realizaron al Congreso de la Nación para que adoptara las medidas necesarias para iniciar el procedimiento de designación, de manera tal que se aseguraran los requisitos básicos de transparencia y participación ciudadana. Además, dialogaron en torno a los problemas que presenta el procedimiento recientemente adoptado por el Congreso.

El Dr. Incalcaterra resaltó la importancia de que el proceso de designación del Defensor del Pueblo cumpla con los requisitos de transparencia, participación social y amplia deliberación pública para garantizar la legitimidad del procedimiento de selección y manifestó que transmitiría la preocupación de las organizaciones a las autoridades competentes del sistema de Naciones Unidas.

Asimismo, en el marco del proceso de acreditación al cual está siendo sometida la Defensoría del Pueblo de la Nación en estos momentos en las Naciones Unidas, ambas organizaciones se dirigieron al Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. En la presentación, denunciaron que el procedimiento de designación desconoce los “Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales” (Principios de París), que representan las normas internacionales mínimas para el establecimiento de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH), así como las Observaciones Generales del Subcomité de Acreditación. En particular, el proceso no aseguró mecanismos para que la selección fuera basada en el mérito, ni se promovió una consulta ciudadana y/o participación de organizaciones sociales, ni se establecieron criterios predeterminados, objetivos y de dominio público para evaluar a los candidatos. Tampoco fue respetado el principio de equidad de género al seleccionar la terna, que está compuesta íntegramente por varones.

Finalmente, se alertó a las Naciones Unidas sobre el grave perjuicio que resultaría para la promoción y la protección de los derechos humanos en Argentina que la acefalía de la Defensoría del Pueblo de la Nación se resuelva con la designación de candidatos que no cumplan con los requisitos de idoneidad, independencia y reconocida trayectoria.

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