La Fundación Poder Ciudadano realizó un relevamiento, a través de una encuesta telefónica a gerentes-dueños de PyMES, sobre las prácticas anti-soborno existentes y sobre los obstáculos e incentivos para su implementación. Como resultado del estudio se observó que en el universo de las PyMES que contratan con el Estado, mientras las prácticas corruptas son condenadas bajo una lógica ética, las debilidades de los mecanismos institucionalizados de prevención y control parecen responder más bien a una lógica comercial.
 
En este marco, incurrir en actos de soborno acaba resultando un recurso racional dentro de un contexto donde esas prácticas son percibidas como generalizadas.