Rechazo ante las infundadas acusaciones del gobierno nacional por la audiencia ante la CIDH

Buenos Aires, 24 de octubre de 2015.

Poder Ciudadano, Capítulo Argentino de Transparencia Internacional, rechaza enfáticamente la acusación del Gobierno Nacional con relación a una supuesta utilización política de la audiencia solicitada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vinculada con temas de independencia judicial.

La Fundación también rechaza la acusación realizada por el Gobierno tanto a nuestra organización como a otras organizaciones del sector de ser “voceros de operadores políticos con intereses concretos en la elección del 25 de octubre”.

El uso de amenazas penales, las injurias por medios masivos de comunicación, y las declaraciones irresponsables de altos funcionarios del gobierno constituyen un claro acto de amedrentamiento a los defensores de derechos humanos, que a su vez afecta la libertad de expresión, pilar fundamental de nuestro sistema democrático. Instamos a que el Gobierno presente ante la justicia las pruebas suficientes para sostener dichas afirmaciones o se rectifique a la brevedad, reservándonos el uso de las vías legales correspondientes.

Llama la atención el desconocimiento de la Cancillería del mecanismo de audiencias que la CIDH pone a disposición de las organizaciones e individuos de los países miembros de la OEA. De acuerdo al Art. 14 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “La Comisión celebrará al menos dos períodos ordinarios de sesiones al año durante el lapso previamente determinado por ella… Antes de la finalización del período de sesiones se determinará la fecha y el lugar del período de sesiones siguiente”. La afirmación del gobierno vinculada con la con intencionalidad política de la fecha de realización de la audiencia habla de un desconocimiento o tergiversación de la metodología de convocatoria.

Asimismo, sostener que hubo una connivencia entre un grupo de Organizaciones de la sociedad civil argentinas y la CIDH es subestimar la seriedad y trayectoria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En tal sentido, el cuestionamiento de las decisiones de la CIDH cuando no resultan de su agrado, deslegitiman una institución internacionalmente respetada como la CIDH.

En relación a la violación de la veda electoral, sorprende la maliciosa interpretación por parte del Gobierno del Código Nacional Electoral. La veda electoral implica la prohibición de realizar actos públicos de proselitismo y publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales. También establece la prohibición de la emisión y publicación de avisos publicitarios en medios televisivos, radiales y gráficos con el fin de promover la captación del voto del elector. Absolutamente ninguna de estas circunstancias sucedió durante la audiencia desarrollada en Washington DC, Estados Unidos. En ningún momento se mencionó a algún candidato en competencia, y por otro lado las audiencias refieren al accionar del Estado en relación al cumplimiento/violación de los Derechos Humanos. El desafío de separar Estado de Gobierno sigue siendo una cuenta pendiente en nuestro país.

Lamentamos la carta enviada por Cancillería a la Comisión Interamericana, la ausencia del Estado en la audiencia solicitada, y la reacción del gobierno con acusaciones infundadas hacia organización de respetada trayectoria.

Contacto:

Pablo Secchi – Director Ejecutivo Poder Ciudadano – pablosecchi@poderciudadano.org –