Comunicado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que cuenta con la adhesión de Poder Ciudadano:

Buenos Aires, 2 de mayo.- La falta de respuestas del poder político y la amenaza de un desalojo violento por parte de la policía federal motivaron el levantamiento de la protesta llevada adelante por miembros de la comunidad qom “La Primavera” en la avenida 9 de Julio. Ante estos hechos el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reclama que el Estado Nacional convoque de manera urgente a una mesa de diálogo con el gobierno de Formosa y los indígenas, tal como lo exigió la semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los miembros de “La Primavera” han manifestado desde el inicio del conflicto -luego de la brutal represión que sufrieron los días 23 y 24 de noviembre de 2010- su necesidad de ser escuchados por las autoridades federales para arribar a una solución pacífica. Todas las decisiones de la comunidad son tomadas de manera colectiva, mediante asambleas, por lo que no resulta válido cuestionar la legitimidad de sus representantes.
Sin embargo, fueron desalojados del corte que realizaban en la avenida 9 de Julio en medio de un operativo que incluyó la presencia de alrededor de 200 efectivos de la policía federal, unidades de la guardia de infantería y hasta un camión hidrante.  Esa fue la única reacción oficial ante sus demandas.
Pese a lo dispuesto en el acuerdo firmado con el Estado el 30 de diciembre, los miembros de la comunidad no cuentan con garantías mínimas para regresar a Formosa en condiciones de seguridad ni han obtenido una solución de fondo a la disputa por las tierras tradicionales que les pertenecen y que permanecen ocupadas por criollos y por el gobierno provincial.  Por esta razón, la semana pasada la Comisión Interamericana concedió las medidas cautelares que habían sido solicitadas por la comunidad, con el patrocinio de la Defensoría General de la Nación y el CELS.
En su resolución, la CIDH exhortó al Estado argentino a proteger a los miembros de la comunidad “contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales” y buscó habilitar una nueva instancia de negociación.
La criminalización de la protesta realizada en la 9 de Julio y las medidas tomadas hoy para levantar el corte vuelven a poner en juego la responsabilidad del Estado frente al Sistema interamericano por las violaciones de derechos humanos padecidas por los pueblos originarios. Además implican un retroceso en la política del gobierno nacional para la resolución de conflictos sociales en el espacio público.
Por estas razones, el CELS reitera su reclamo para que se cumplan las medidas dispuestas por la CIDH y se habilite cuanto antes un espacio donde sean escuchadas las demandas de la comunidad.

Para mayor información contactar a María Batch a mery@poderciudadano.org.-