Desde Poder Ciudadano consideramos que este es un abuso del ejercicio de la función pública, que tristemente, es una práctica cotidiana. Es lamentable que los legisladores utilicen recursos que son públicos para beneficiarse personalmente, en este caso pagándole un salario a un familiar. Si bien la ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública no prohíbe este tipo de contrataciones, y tampoco lo hacen normativas internas de las Cámaras, los ciudadanos esperamos un comportamiento ético de los legisladores en la materia. Lamentablemente varios legisladores no entienden que están administrando fondos públicos y no una empresa familiar. Al fin de cuentas con estas contrataciones suceden dos cosas. Por un lado se benefician a si mismos y a sus familiares. Y por el otro, se degrada la calidad del trabajo de los legisladores al suplantar empleados con sólida formación, por familiares en la mayoría de los casos, de dudosa experiencia.