Por Pablo Secchi, Director Ejecutivo, Poder Ciudadano.

Ética y estética. Ser y demostrar que se es. A eso deberían resumirse los desafíos en materia de transparencia en el ejercicio de la función pública. Los funcionarios administran dinero que no les es propio, sino que pertenece a la administración pública, resumiendo, a los ciudadanos. El origen y destino de ese dinero es de interés público.
El dinero tiene un origen y un fin justificado por una decisión administrativa. Al mismo tiempo, el tránsito de ese dinero desde su fuente hasta su destino final (obra pública, contratación, compra, etc.) debe poder ser observado y analizado por cualquier interesado.

Aquí surgen dos herramientas que los ciudadanos deben tener a mano, y el Estado debe garantizar, para llevar adelante cualquier ejercicio de control sobre sus funcionarios: acceso a la información pública y acceso a las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios.

Comencemos por la segunda dado que es aquella de la cual más se estuvo hablando en los últimos días. ¿Por qué el Estado debe garantizar el acceso a que cualquier ciudadano conozca algo tan personal como los bienes de un funcionario? Elijo dos razones las cuales creo son las principales (no las únicas).

En primer lugar, lo que se busca es conocer las declaraciones juradas que se presentan a lo largo de la gestión del funcionario, no una, sino varias, todos los años. El objetivo, hablemos claro, no es el “chusmerío” de ¿Cuánto tiene? ¿Qué auto usa? sino conocer si hubo un incremento patrimonial que no se corresponda a los ingresos que el funcionario puede demostrar.

Se busca conocer la evolución del patrimonio durante los años como funcionario. En resumen, conocer si el ejercicio de la función pública afectó en forma irregular el patrimonio del funcionario (más allá de lo que su retribución como tal debería haberlo hecho). Cortito y al pié, si utilizó su cargo para obtener beneficios en detrimento de sus obligaciones o haciendo abuso de ellas.

La segunda razón tiene que ver con los posibles conflictos de intereses, no tan analizados en nuestro país. La declaración jurada patrimonial incluye los bienes comúnmente nombrados, como viviendas, autos, dinero en efectivo, cuentas bancarias, etc. pero también títulos, participación en empresas, acciones, entre otros datos.

Con esta información se busca conocer los posibles conflictos de intereses del funcionario que puedan surgir a la hora de tomar decisiones. Un ejemplo ¿Un legislador que es dueño de una tabacalera, votará en favor de los ciudadanos o de sus intereses cuando se enfrente a una suba impositiva en el sector? Difícil saberlo. Pero es bueno conocer si ese conflicto de interés existe. Algunos países los regulan fuertemente, no es nuestro caso.

La segunda herramienta que mencionamos es el derecho de acceso a la información pública. Una enorme deuda de nuestros legisladores que demuestra un bajo compromiso en la lucha contra la corrupción. El acceso a la información pública nos debe garantizar a los ciudadanos la posibilidad de preguntarnos qué estamos haciendo con la administración de la cosa pública.
Obsérvese con atención redacción de la frase anterior. ¡Preguntarnos a nosotros mismos! El Estado somos nosotros. Negar el acceso a información que está en manos del Estado, es negarnos el acceso a nuestra información. El contrato social por el cual algunos ciudadanos son elegidos para gobernar no implica  separar al resto de los ciudadanos de lo que sucede en el ejercicio del poder, o de conocer cómo se administra el Estado.

Los ciudadanos tenemos derecho a acceder a las decisiones que se toman, a observar los recursos que se utilizan, a conocer los beneficiarios de esas decisiones, a interiorizarnos sobre las empresas que ejecutan obras públicas, a preguntar por los métodos por los cuales ellas se seleccionan, y a acceder a toda aquella decisión o dato que pueda estar en manos del Estado.

El acceso a la información pública y las declaraciones juradas son herramientas que nos permiten tener un mayor control sobre nuestros representantes. Seguramente a los funcionarios les resulte molesto mostrar su patrimonio a la sociedad. Lo pueden sentir, con razón, como una exposición de su vida privada. Puede ser. Sin embargo es un costo que lo tienen que considerar cuándo toman la decisión de participar de la administración de los bienes de todos.

 palabras clave: Sobre declaraciones juradas y acceso a la información pública