Transparency International revisará operaciones de compañías vinculadas a Petrobras en Latinoamérica
18. 08. 2015
Transparency International revisará operaciones de compañías vinculadas a Petrobras en Latinoamérica
Transparency International, la coalición global anticorrupción, anunció hoy que verificará las operaciones de las empresas constructoras brasileñas vinculadas al escándalo de Petrobras en varios países de la región. En esta línea, Poder Ciudadano, su capítulo argentino, realizó diferentes pedidos de información pública al Ministerio Público Fiscal y a los ministerios de Planificación, Interior y Transporte.
A medida que las investigaciones en Brasil continúan evidenciando vínculos entre grandes empresas constructoras y corrupción en Petrobras, Transparency International analizará si éstas están replicando el mismo modelo de negocios basado en pago de sobornos y cartelización del sector en otros países en donde mantienen operaciones significativas.
Transparency International, a través de sus capítulos nacionales en Argentina, Chile, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, ha hecho peticiones de información a sus respectivos gobiernos para obtener los contratos otorgados a estas empresas en la última década con la finalidad de analizarlos. Durante las próximas semanas, en alianza con periodistas de investigación, Transparency International identificará posibles irregularidades y verificará el estado de avance de los enormes proyectos de infraestructura asociados a estos contratos.
En Venezuela, por ejemplo, cuatro de las empresas bajo investigación en Brasil recibieron más de 30 contratos del gobierno en años recientes. Una investigación preliminar de Transparencia Venezuela muestra la existencia de retrasos en ejecución, contabilidad opaca y dudas sobre posible injerencia política alrededor del otorgamiento de contratos millonarios.
En el caso de Argentina, Poder Ciudadano, capítulo local de Transparency International, solicitó información pública relacionada con contratos firmados, revocados e investigaciones iniciadas a las empresas vinculadas con el escándalo de Petrobras en Brasil y que presentan operaciones en Argentina. La organización se encuentra a la espera de las respuestas por parte del Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Planificación y del Ministerio de Interior y Transporte.
Los proyectos a revisar incluyen sistemas de transporte, infraestructura para la provisión de servicios básicos y otros que tienen un impacto directo en la calidad de vida de millones de familias en Latinoamérica. Los ciudadanos tienen el derecho de saber sobre el progreso de éstas obras.
“El escándalo de corrupción alrededor de Petrobras es uno de los más grandes que hayamos visto en la región, no solamente por las cantidades de dinero involucradas y por los vínculos entre las elites política y económica, sino también por el daño que este sistema de corrupción ha significado para la sociedad brasileña. Algunos fiscales y policías federales, un juez y varios periodistas, están haciendo un gran esfuerzo para poner fin a la corrupción e impunidad de los involucrados. Transparency International quiere colaborar para asegurar que los responsables rindan cuentas frente a la justicia, ya sea en Brasil o en otros países de la región” dijo Alejandro Salas, Director Regional para las Américas de Transparency International.
En caso de que las investigaciones de Transparency International evidencien irregularidades, o surjan dudas sobre la existencia de carteles de empresas o de influencia indebida de políticos en el otorgamiento de contratos, se proporcionará la información a las autoridades competentes y se solicitará la apertura de investigaciones formales. En dichos casos, también se proporcionará información a los fiscales en aquellos lugares donde haya investigaciones en marcha, por ejemplo en Brasil y Perú.
Los siete países han ratificado la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, la cual incluye provisiones relacionadas con asistencia legal mutua (art. 46) e investigaciones conjuntas (art. 49), lo cual obliga a los estados parte a cooperar en casos de corrupción internacionales.
