El mundo se pone de acuerdo en abrir la información pública: ¿La Argentina va a formar parte?

Buenos Aires, 27 de septiembre.- Poder Ciudadano, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento ( CIPPEC) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentaron una carta al Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, solicitando información para saber qué acciones está llevando a cabo el Gobierno para que la Argentina forme parte de la “Alianza por el Gobierno Abierto” (Open Government Partnership, OGP, según su sigla en inglés).

La “Alianza por el Gobierno Abierto” es una iniciativa sugerida en la LXVI Asamblea de las Naciones Unidas e impulsada por un Grupo Promotor integrado por Brasil, México, Estados Unidos, Filipinas, Noruega, Reino Unido Sudáfrica e Indonesia. Tiene como objetivo afianzar los compromisos de los países miembros en la promoción de la transparencia, la lucha contra la corrupción y el uso de nuevas tecnologías para fortalecer el gobierno.
El 28 de septiembre se conmemora en todo el mundo el Día Mundial de Acceso a la Información y pese al esfuerzo de las ONG firmantes para que una ley nacional de acceso a la información pública se sancione, la Argentina sigue sin contar con esta normativa. En este aniversario resulta vital recordar la necesidad de la aprobación de una ley nacional de acceso a la información pública acorde a los estándares internacionales, para que coloque a nuestro país en el mapa regional de quienes reconocen este derecho fundamental. Por ello, convocamos a los señores diputados de la Nación a que busquen el consenso necesario para aprobar un proyecto que tuvo votación unánime en general en el Senado hace ya casi un año.
Pertenecer a esta Alianza significaría un importante avance en el fortalecimiento de las instituciones y de la participación ciudadana. Entre las condiciones que colaborarían para formar parte de esta iniciativa se encuentran la sanción de una ley nacional de  acceso a la información pública, el fortalecimiento de la autonomía de organismos de control y, en términos generales, una política de máxima transparencia y rendición de cuentas.
Comprometerse con las condiciones y objetivos de la “Alianza por el Gobierno Abierto” implicaría para la Argentina reforzar obligaciones ya asumidas en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.