Poder Ciudadano, Capítulo Argentino de Transparencia Internacional, presentó en septiembre el Índice Percepción de la Corrupción 2007. Este año, el indicador, que mide la percepción de la corrupción en el ámbito público de 180 países en todo el mundo, otorga a la Argentina la misma calificación que en 2006: 2.9, donde 1 es el puntaje para el más corrupto y 10 para el más transparente.
En esta edición del IPC, los mejores calificados han sido Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia (9.4); Singapur, Suecia (9.3) e Islandia (9.2). Las peores calificaciones fueron para Haití (1.6); Irak (1.5); Somalia, Myanmar (1.4). El IPC se focaliza en la corrupción del sector público y se define como el abuso de los recursos públicos para el beneficio particular.
EL IPC es un índice compuesto, es decir una encuesta de encuestas. Las encuestas utilizadas para la composición del IPC plantean preguntas relacionadas con el abuso del poder público para el beneficio particular. Por ejemplo, el soborno a funcionarios públicos, pagos irregulares en las contrataciones públicas, malversación de fondos públicos, incluyendo la corrupción administrativa y política.
En la presentación, que se llevó a cabo el 26 de septiembre, Poder Ciudadano expuso los siguientes factores como posibles interpretaciones del puntaje de Argentina:
• La brecha entre el discurso y la práctica en temas de transparencia.
• Ausencia de incentivos para evitar la corrupción.
• Debilidad y lentitud de la actuación judicial en causas de corrupción.
• Discrecionalidad en los procesos de contrataciones públicas, tanto en bienes y servicios, concesiones, personal, como en obra pública (planificación, ejecución, renegociación).
• Discrecionalidad en el manejo presupuestario.
• Carencia de sistemas de protección de testigos denunciantes de actos de corrupción.
• Muy baja transparencia en el financiamiento político, especialmente de las campañas electorales
Por otro lado, Poder Ciudadano destaca que la corrupción tiene consecuencias sociales, políticas y económicas para Argentina, y señala como deudas pendientes en la lucha contra la corrupción: la construcción, el compromiso y la puesta en marcha de una agenda anticorrupción en todos los niveles de gobierno, en todos los poderes públicos y en sinergia con el sector privado y la sociedad civil; y el rediseño institucional para el fortalecimiento e independencia de los órganos de control.
Para mayor información sobre el IPC, comuníquese con Federico Reinoso del Área Transparencia y Anticorrupción a farenoso@poderciudadano.org.