Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016.- En un nuevo fallo en contra de la Ciudad de Buenos Aires, la justicia obligó al gobierno a que haga pública información relativa a la administración del Estado. En esta oportunidad, el Juzgado de primera instancia en los Contencioso Administrativo y Tributario de Capital Federal Nº18, falló a favor de Poder Ciudadano, obligando a la Secretaria de Medios del Gobierno de la Ciudad a que entregue, en el plazo de 10 días hábiles, información relacionada a la pauta publicitaria del año 2015 y 2016.
El fallo específicamente menciona: “que informe específica y concretamente, sin remisiones o vinculaciones a sitios informáticos u otros documentos o soportes” sobre las contrataciones realizadas por parte del Gobierno de la Ciudad durante el año 2015 hasta la fecha, en concepto de publicidad oficial o pauta publicitaria, correspondientes a todos los organismos de la Administración Pública local, incluyendo: destino de la contratación, monto de la contratación en pesos, razón social del medio de comunicación destinatario de la contratación, y objetivo de la pieza comunicacional emitida. A su vez, tal como lo solicitó Poder Ciudadano, dispuso que en el mismo plazo incorpore la información al portal de datos públicos del Gobierno de la ciudad (data.buenosaires.gob.ar)
Durante los meses de mayo y junio, Poder Ciudadano presentó dos pedidos de información pública solicitando la distribución de pauta publicitaria, no obteniendo una respuesta satisfactoria por parte del Gobierno de la Ciudad.
En este contexto, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia en los Contencioso Administrativo y Tributario número 18, constituye un paso fundamental y novedoso en materia de acceso a la información pública, ya que reconoce la importancia no sólo de que se entregue de manera específica y concreta la información oportunamente solicitada, sino que además la misma debe ser incorporada al portal de datos del Gobierno de la Ciudad.
Desde Poder Ciudadano entendemos que el Gobierno Abierto y el Acceso a la Información Pública deben trascender la política de comunicación oficial y la participación en alianzas internacionales en la materia, y plasmarse en hechos concretos que permitan a los ciudadanos y ciudadanas un verdadero control de la administración pública.
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