Pedimos por la reglamentación de una ley para la protección de testigos y denunciantes de corrupción
3. 06. 2014
La existencia de programas de protección de testigos, como de denunciantes y víctimas de delitos contra la administración pública resulta una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Estos deberían brindar, por un lado, asesoramiento en lo referente al proceso judicial y la correspondiente protección física, y al mismo tiempo, contemplar mecanismos de contención y acompañamiento desde el punto de vista emocional.
A través de la firma de las convenciones internacionales contra la corrupción de la OEA y Naciones Unidas, Argentina se ha obligado a contar con un sistema de proteccion de testigos, victimas, denunciantes y peritos en casos de corrupción. Estas convenciones fueron las cuales fueron promulgadas ley oportunamente.
Desde el año 2003 Argentina cuenta con la ley 25.764, la cual crea el “Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados”, el cual se aboca exclusivamente a causas de narcotráfico, secuestro extorsivo, terrorismo y trata de personas. El mismo no contempla los delitos contra la administración pública.
Desde Poder Ciudadano sostenemos la necesidad de crear un programa integral de protección de testigos y
denunciantes de casos de delitos contra la administración pública, entendiendo que es una herramienta fundamental para la investigación de casos de corrupción y la lucha contra la impunidad. No solo consideramos necesario la reglamentación de la ley vigente de protección de testigos, sino también la voluntad política para ponerla en funcionamiento. La participación de la sociedad resulta un componente esencial para lograr avances en la lucha contra la corrupción y la transparencia en la adminstración pública. Si el Estado no puede garantizar la protección y seguridad necesaria a quienes denuncien hechos de corrupción no lograremos combatir este flagelo.
Bajo estas premisas es que elaboramos un documento en referencia a las consideraciones que debería atender la reglamentación y desarrollo de un programa integral de protección de testigos y denunciantes de corrupción.
Descargar aquí el documento.
