En esta sección, que actualizamos semanalmente, compartimos noticias leídas en distintos medios por el staff de Poder Ciudadano y que no queremos dejar pasar. A cada noticia le sigue un breve comentario escrito por miembros de nuestro equipo.
San Luis y Chubut sin aportes del tesoro Nacional ( Clarín )
La asignación de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) es una herramienta con la que cuenta el Ministerio del Interior para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales. Si bien se encuentran regulados por la ley 23.548 de coparticipación federal, esta no prevé criterios claros para su asignación. La discrecionalidad con la que se reparten no representa una violación a ninguna norma, sin embargo, se enmarca en un conflicto mucho mayor.
En los últimos años se consolidó la tendencia a la concentración de recursos por parte del gobierno nacional y se acentuó la desigualdad en la cantidad de recursos percibidos por cada provincia. Si bien los ATN surgen como un mecanismo de emergencia para atender necesidades puntuales, la ausencia de criterios objetivos en el reparto termina convirtiéndolos en un arma de presión política y disciplinamiento de los gobiernos provinciales. En muchos casos, la gobernabilidad de algunos distritos termina dependiendo de la asignación o no de recursos por parte del Estado Nacional.
La constitución de 1994 previó la creación de un nuevo esquema de coparticipación federal que debía ser sancionado antes de 1996. Catorce años pasaron desde aquel plazo y ningún avance se produjo en este sentido. Nos debemos hoy más que nunca un debate serio acerca de la relación económica entre la Nación y las provincias, donde se pongan en cuestión las tradicionales dinámicas de poder. Un verdadero federalismo no es posible sin federalismo fiscal.
Rosario Pavese, Instituciones Políticas y Gobierno.-
El gobierno no hizo el 94% de las obras prometidas (La Nación)
Una vez más leemos una noticia que habla del manejo discrecional de la obra pública. El 94% de las obras comprometidas de acuerdo al presupuesto no se ejecutó. Pero esta vez el problema se enlaza a uno aún más grave. El presupuesto nacional ha dejado de ser una herramienta de planificación del gasto público.
Construir obras públicas está muy bien. Hacerlo de manera planificada y previsible sería mucho mejor. Cuando casi nada de lo planeado se realiza y los fondos previstos –por vía de la reasignación de partidas- se destinan a otros fines, el presupuesto y la realidad quedan completamente divorciados.
Es de esperar que el Congreso tenga en cuenta estas cuestiones al debatir sobre el presupuesto. Pero sería aun más interesante que las tome en cuenta el Poder Ejecutivo. Planificar, fijar prioridades, definir una resultados deseables, son el tipo de ideas que vienen a la mente cuando uno piensa en lemas como “Proyecto Nacional”. Forman parte de la clase de acciones que permitirían que los ciudadanos puedan creer que la idea de proyecto se hace carne en las decisiones gubernamentales y no es sólo un retintín vacío que se hace sonar en días de campaña electoral.
Diego Martínez, Justicia.-
La corrupción (Página 12)
Mucho se escribe sobre corrupción, pero desafortunadamente los enfoques preponderantes se detienen sobre la corrupción entre empresas y gobierno y desconocen la que ocurre entre instituciones del sector privado.
Es simple entender cómo una empresa puede beneficiarse con la venta de bienes o servicios al Estado y cómo un funcionario puede actuar de manera corrupta en esa transacción. Pero los caminos de la corrupción dentro del sector privado son mucho más difíciles de comprender.
Los mecanismos más comunes en el sector privado suelen ser los denominados “precios de transferencia” y las “jurisdicciones del secreto”, conocidas como paraísos fiscales. De acuerdo con la primera estrategia, muchas multinacionales manipulan los precios de los bienes transados en distintos países para disminuir el pago de impuestos. En tanto que para la segunda, suelen triangular sus transacciones comerciales a través de jurisdicciones del secreto.
La Red de Justicia Fiscal, una organización nacida para concientizar sobre el impacto negativo de la evasión, elaboró un Índice de Opacidad Financiera, que ubica en el Top 3 a Estados Unidos, Luxemburgo y Suiza, países que tranquilamente podrían liderar otros índices de transparencia. Este tipo de jurisdicciones fueron señaladas en la Unión Europea, por el gobierno francés, “como agujeros negros que no deberían existir más” y también Alemania se sumó a la lucha por la regulación de los mecanismos de opacidad financiera.
Es importante tomar dimensión de la cantidad de recursos que los países en vías de desarrollo pierden a raíz de estás prácticas. El Banco Mundial, en 2007, precisó que el monto rondaría el medio billón de dólares, mientras que mediciones de otras organizaciones como Christian Aid lo ubican en 160 billones de dólares anuales.
De ninguna manera se pretende subestimar o restar importancia a las transacciones corruptas público-privadas, pero para hablar correctamente de corrupción es necesario que los árboles nos permitan ver todo el bosque.
Federico Arenoso, Transparencia y Anticorrupción.-