En esta sección semanal destacamos las noticias que no son tapa de los diarios y que muchas veces pasan desapercibidas dentro de la vorágine informativa diaria de los medios. Van acompañadas por un breve comentario de un miembro de nuestro staff.
La vida frente a la pantalla (Página 12)
Sandra Cesario, Construcción de Ciudadanía.-
Ordenan al Gobierno reinstalar en su tareas a funcionaria del INDEC (IProfesional.com)
Aún cuando se trata de un caso de índole laboral y de una decisión que no está firme, es notoria la capacidad de incidencia que tiene el Poder Judicial en el desarrollo de políticas públicas, pues, en caso de sostenerse el fallo, implicaría la reconstrucción de la institucionalidad y de la solvencia técnica del INDEC, un organismo estratégico en la política económica. No es casual que esta sentencia se dicte cuando la gestión comienza a reelaborar el índice de precios al consumidor. Recordamos, además, la importante medida judicial obtenida por Asociación por los Derechos Civiles para acceder a la información pública relativa a la metodología utilizada, que fue resistida por el Ministerio de Economía.De la nota apuntamos, además, que el fuero laboral tiene un gran desafío por delante a partir del fallo dictado en 2008 por la Corte Suprema, en el que se reconoció la libertad sindical de los trabajadores y trabajadoras. A partir de allí, los tribunales del trabajo debieron asumir la responsabilidad de responder a los debates relacionados con los derechos de libre representación sindical. Será por esa razón que es un fuero en expansión y en el que es preciso poner la atención, tanto en su integración como en sus decisiones. Así lo haremos.
Verónica Tarzia, Justicia.-
La corrupción en las empresas (Clarín-IEco)
Generalmente, se hace hincapié en el rol del funcionario público y su responsabilidad en actos de corrupción o malversación de fondos y poco se responsabiliza a empresarios que utilizan herramientas de opacidad financiera, incurren en dobles estándares o directamente sobornan para obtener contratos. Mucho menor es la ponderación que se hace sobre actos corruptos entre el sector privado. El argumento parecería ser simple: “a diferencia del sector público, la corrupción dentro del sector privado no afecta más que a los sectores involucrados y por lo tanto, no debe ser regulado”.Ambas aseveraciones son erróneas. La corrupción dentro del sector privado tiene consecuencias tanto económicas como sociales y demostró ser perjudicial sobre todo en los países en vías de desarrollo. Tax Justice Network estima que los gobiernos pierden aproximadamente 255 mil millones de dólares al año debido a la nula o baja fiscalidad de los capitales en los centros financieros extraterritoriales. En este sentido, la planificación fiscal o tributaria por parte de las empresas multinacionales perjudica directamente a los países en los que éstas desarrollan sus actividades, ya que eluden los sistemas tributarios nacionales y se “esconden” bajo la seguridad de las jurisdicciones del secreto.Si tenemos en cuenta que la ONU estima necesario triplicar el presupuesto para la ayuda financiera hasta 195 mil millones de dólares para cumplir con los Objetivos del Milenio y combatir la pobreza, este tema no es menor y merece ser tratado con urgencia por el poder político. Estamos a tiempo.
Federico Arenoso, Transparencia y Anticorrupción.-