En esta sección semanal destacamos las noticias que no son tapa de los diarios y que muchas veces pasan desapercibidas dentro de la vorágine informativa diaria de los medios. Van acompañadas por un breve comentario de un miembro de nuestro staff.
¿Un funcionario público debe ser pobre? No, no tiene por qué. Pero, ¿qué pasa si su única actividad conocida es la función pública, y sin embargo su patrimonio crece a ritmos notables? O, ¿qué significa si sus incrementos patrimoniales se basan en tasas de ganancias poco creíbles (por ejemplo, negocios financieros que rinden porcentajes superiores a los de los bancos y agentes del sistema, o negocios inmobiliarios que reportan aumentos de la propiedad superiores a los del mercado) ¿Qué implica que el incremento del patrimonio de un senador se vincule a empresas cuya actividad debería regular y vigilar?
Esta nota de La Nación muestra varias hipótesis como las que se señalan, que no sólo ocurren en el Poder Legislativo. Estas hipótesis implican conductas previstas en el Código Penal y en la Ley de Ética Pública. El problema es que las agencias públicas encargadas de detectar, investigar y sancionar estas conductas no lo hacen o lo hacen a ritmos políticos. Los ciudadanos debemos exigir, sobre todo, a la hora de votar, que los tomadores de decisiones se hagan cargo de que estos mecanismos de control funcionen. Y también tenemos las herramientas para pedir la información necesaria y conocer este tipo de situaciones. Se pueden exigir las declaraciones juradas de todos los funcionarios nacionales, e inclusive es posible hacerlo on line en el caso del Poder Ejecutivo.
Buscar información y exigir decisión a nuestros políticos está al alcance de nuestra capacidad de informarnos y de nuestro voto. Usemos estas herramientas.
Hernán Charosky, Director Ejecutivo.-
El Foro Económico Mundial reúne a los empresarios más importantes del mundo, a funcionarios y miembros de la sociedad civil, con una agenda amplia y diversa que incluye temas que van desde ciencia y medioambiente, hasta crecimiento con inclusión social, pasando por discusiones relevantes sobre corrupción e instituciones democráticas.
El miércoles pasado se debatió sobre el rol del sector privado y su responsabilidad en la sociedad. A priori parecería que la vieja concepción de Milton Friedman quedó rezagada, pero según el estudio de Edelman, consignado en la nota de The Economist, esto no es tan así.
La pregunta del estudio es simple: ¿Está de acuerdo con la afirmación de Friedman: “la responsabilidad social de la empresa es aumentar ganancias”? El resultado: países que adhieren fuertemente a la afirmación, como por ejemplo Emiratos Árabes Unidos, Japón y la India en el podio. Corea, Singapur y Suecia continúan la lista, mientras que países como España, Italia y Alemania adhieren con un bajo porcentaje. Llaman la atención dos gigantes: China y Brasil, con un nivel de adhesión inferior al 40%. ¿Argentina? Cerca del 50%.
Si bien no es un estudio que nos permita sacar conclusiones sobre el tema, sirve para instalar un debate que parece generar consenso en épocas de bonanza, cuando la teoría del goteo es funcional y sobran recursos para “aparentar” responsabilidad. Cuando la curva se invierte y escasean los recursos, aparecen las ideas de Friedman…
Federico Arenoso, Transparencia y Anticorrupción.-
Mientras las corrientes políticas debaten sobre la edad de imputabilidad de los menores que deliquen, tema por demás complejo y delicado, es importante pensar en la forma para que los jóvenes no lleguen a estos extremos y siempre que se piensa en formas de integrar, incluir y escuchar a los jóvenes se llega a la escuela. Este es un lugar donde los jóvenes reciben educación, contención y tienen la posibilidad de relacionarse con sus pares. Pero además debería ser un espacio de formación social e inclusión que les permita generar herramientas para que como individuos puedan ser parte inclusiva de la sociedad.
En el caso de los menores que deban permanecer en institutos, sería importante que estos puedan cumplir un rol similar al de las escuelas y que sean espacios de «rehabilitación» y no un depósito de personas que sólo están siendo excluidas de la sociedad por «portarse mal». Resulta necesario, a partir de este debate, que pensemos qué tipo de instituciones necesitamos para «educar » y no para castigar y excluir.
Sandra Cesario, Construcción de Ciudadanía.-