En el marco de la iniciativa “Círculos Virtuosos: Co-creación de entornos de integridad en el sector energético para el desarrollo sostenible” y como complemento de las mesas de diálogo sobre Integridad y Transparencia en el Sector Energético, desarrolladas en el mes de abril, el jueves 26 de agosto, Poder Ciudadano propuso un nuevo espacio de conversación sobre Programas de Integridad en las empresas y financiamiento político. Del encuentro participaron más de 30 representantes de empresas públicas y privadas del sector energético, cooperativas, cámaras sectoriales, referentes en materia de integridad y transparencia, agentes gubernamentales y representantes de universidades.
En el encuentro Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, Susana Sierra, directora ejecutiva de BH Compliance y presidenta de Chile Transparente, Ramiro Cabrero, Global Compliance Officer para Baker Hughes y presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance y Pablo Secchi, Director Ejecutivo de Poder Ciudadano y facilitador del encuentro, intercambiaron perspectivas y experiencias sobre cómo en la práctica las políticas internas de las empresas en materia de compliance o integridad pueden ayudar a generar una mayor transparencia e integridad en el financiamiento político, y su eficiencia práctica a la hora de tomar decisiones corporativas en procesos eleccionarios.
Pablo Secchi y Delia Ferreira Rubio expusieron sobre las fortalezas y debilidades de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos en relación a los aportes y contribuciones del sector privado, pensado no sólo desde la óptica de las grandes empresas sino también en el mundo PYME y a nivel subnacional. Luego, Susana Sierra introdujo algunas características en torno al sistema de financiamiento político de las empresas en Chile y los desafíos que enfrenta el sector privado respecto de aquel. Posteriormente, Ramiro Cabrero abordó el financiamiento político desde el lado de las empresas, los principales desafíos a los que se enfrentan y el impacto con su cadena de valor, con foco en las PyMES.
Algunas de las conclusiones a las que se arribó fue el papel fundamental que debe ejercer el sector privado en materia de financiamiento, exigiendo medidas de transparencia que eleven la práctica hacia un sistema más íntegro. Para ello, se deben generar incentivos para los privados, que los estimulen al ejercicio transparente. Al mismo tiempo, resulta necesaria una revisión de las normativas desde esa perspectiva, fortaleciendo, por ejemplo, el régimen de sanciones, ya que las actuales no revisten el grado de importancia que el tema requiere.
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