Ante la decisión de la Comisión de Juicio Político de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación de iniciar un proceso contra los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia desde Poder Ciudadano, Capítulo Argentino de Transparencia Internacional hemos decidido llevar adelante las siguientes acciones:
– Constitución de un Observatorio del Juicio Político a la CSJN, con participación de organizaciones de la sociedad civil y expertos en la materia para monitorear todas las actividades del proceso en curso, con amplia difusión pública de las acciones emprendidas.
– Requerir a la Comisión aludida, que de manera “urgente” y de conformidad con el art. 114 bis, incisos a) b) y c) del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados, se convoque en Audiencia Pública a las Organizaciones de la Sociedad Civil que deseen participar para hacer conocer su parecer sobre el asunto sometido a debate.
– Realizar pedidos de acceso a la información pública a la Comisión de Juicio Político bajo el derecho que otorga la Ley N° 27.275 y exigir máxima divulgación de los procedimientos y documentos que se tengan en cuenta y elaboren.
– Generar material explicativo de cara a la ciudadanía sobre el significado de la constitución de la Comisión de Juicio Político, y de los alcances de la acción emprendida por el PEN.
– Difundir en medios periodísticos y redes sociales toda la labor del espacio que se constituye, a fin de dotar de transparencia y control social a las acciones que lleve a cabo la Comisión citada.
El proceso de Juicio Político contra los cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación impulsado por el oficialismo en la Cámara de Diputados, nos lleva a reflexionar no sólo en el proceso en sí, sino también en su pertinencia y, sobre todo, en las consecuencias ya que se trata de una grave decisión política.
Esta Corte Suprema de Justicia está compuesta por cuatro magistrados, dado que desde octubre de 2021 existe una vacante –tras la renuncia de quien fuera la primera mujer en llegar al máximo tribunal en democracia, Elena Highton de Nolasco-. El presidente Alberto Fernández no propuso ninguna nominación para cubrirla y obtener el acuerdo del Senado.
Los cuatro jueces a quienes se les inició el procedimiento acusatorio son: Juan Carlos Maqueda, propuesto para la Corte por el ex presidente Eduardo Duhalde en 2002; Ricardo Lorenzetti, nombrado en 2004 durante la presidencia de Néstor Kirchner; Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti que fueron nominados por el ex presidente Mauricio Macri en 2016. De acuerdo a los procedimientos establecidos, las postulaciones de los cuatro jueces de la Corte fueron aprobadas por el Senado de la Nación contando en todos los casos con el requerimiento de una mayoría de 2/3 de sus miembros presentes para designarlos como jueces del Supremo Tribunal. Desde 2002, luego de destituida la Corte de la mayoría automática, el Tribunal fue variando en número y personas hasta llegar a la composición actual construida a partir de decisiones de diferentes presidentes y mayorías legislativas. Esto contó con un amplio consenso político, tal fuerza el proceso legal.
Preocupa el intento de Juicio Político contra la totalidad del Supremo Tribunal ya que avasalla al poder del Estado cuya función es la de garantizar los derechos y el cumplimiento de la Constitución.
Prestaremos especial atención a los motivos que han llevado a tan grave acusación hacia los cuatro jueces de la Corte. Recordemos que, de prosperar el juicio político, la Corte se quedaría acéfala. Si la situación es grave de por sí dada la ausencia de consensos en el Congreso de la Nación, los antecedentes en esta materia no son nada alentadores: cabe recordar que se mantienen sin titulares a la Procuración de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación y el ya mencionado 5to ministro/a de la actual Corte Suprema de la Nación.
Nadie puede soslayar la evidencia de que el Juicio Político surge tras algunos fallos adversos al partido de gobierno, especialmente el que favorece presupuestariamente a la Ciudad de Buenos Aires (expuesto inclusive como una de las causales) y luego de que la Justicia fallase en primera instancia en contra de la ex presidenta de la Nación y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en una causa de corrupción. Cabe señalar que el contenido de las sentencias no puede ser contemplado como fundamento para llevar adelante un Juicio Político tal y como lo establece la Ley N° 24.937 que indica que “queda asegurada la garantía de independencia de los jueces en materia de contenido de sus sentencias”.
La división de los Poderes del Estado permite a cada uno de ellos limitar y controlar la acción de las otras ramas. Esto ayuda a la distribución del poder y a que no pueda actuar impunemente. La división de poderes evita la acumulación y abuso de poder, mantiene un sistema político equilibrado y garantiza la libertad y los derechos fundamentales.
Así, el planteo de un Juicio Político a la Corte Suprema de Justicia tiene un impacto significativo sobre la justicia y el sistema político del país. Debe considerarse una medida extrema para garantizar la integridad y la independencia del sistema judicial.
Desde Poder Ciudadano, Capítulo Argentino de Transparencia Internacional, consideramos que no se encuentra debidamente fundado, ni motivado, el pedido de Juicio Político promovido por el PEN contra la CSJN y, en caso de prosperar, asumimos el compromiso cívico de controlar que ese trámite se mantenga dentro de los cauces institucionales debidos, con estricto apego al Estado de Derecho.
Convocamos a la ciudadanía a acompañarnos en las acciones propuestas.