La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados definió convocar como testigos a personas que tienen una causa penal abierta y cuya declaración en la comisión podría perjudicarlos, en sustento del artículo 18 de la Constitución Nacional que afirma que “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”.
A raíz de esta citación, se dio una discusión interna en la comisión sobre si debían citarlos o no. Por un lado, se sostiene que hay un riesgo de violar las garantías constitucionales, mientras que por el otro afirman que los testigos deben ser citados igualmente y, en todo caso, negarse a responder preguntas.
Se alega el artículo 444 del Código Procesal Civil y Comercial que dice que una persona puede negarse a contestar preguntas cuando la respuesta “lo expusiere a enjuiciamiento penal o comprometiera su honor”. Además, existe el antecedente del juicio político al juez Eduardo Moliné O’Connor en 2003 donde se desestimó la citación a Andrés Troha, debido a que estaba imputado en una causa penal en ese momento.
En 2003 se realizó un juicio político al juez de la Corte Suprema Eduardo Moliné O’Connor, que tuvo como resultado su destitución. El proyecto ingresó a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida en ese entonces por Cristina Fernández de Kirchner. En ese marco, se convocó como testigo al subsecretario de Normalización Patrimonial del Ministerio de Economía, Andrés Troha. Sin embargo, estaba imputado en la causa 15.302/03 por lo que solicitó que se lo excuse de ir a declarar, algo que la comisión aceptó amparada en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Por estos motivos, desde el Observatorio del Juicio Político a la CSJN, Poder Ciudadano presentó un Pedido de Información Pública a la Cámara de Diputados para verificar el argumento jurídico utilizado por la comisión para citar testigos involucrados en causas penales y los mecanismos que poseen para evitar contradicciones entre las distintas normas que pudiera sucederse.
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