La agenda de Argentina en la Cumbre Global Anticorrupción

El 12 de mayo se realiza en Londres la Cumbre Global Anticorrupción 2016, la primera de su tipo, que reunirá a líderes mundiales, empresas, representantes de la sociedad civil y organismos internacionales como la ONU, la OCDE, el Banco Mundial y el FMI entre otros, para acordar un paquete de medidas prácticas que intensifiquen la acción global para exponer, combatir y castigar la corrupción en todos los ámbitos.

La Cumbre tratará de generar una respuesta global para hacer frente a la corrupción. Se tratarán temas como el impacto negativo del secreto empresarial, la transparencia gubernamental, la aplicación de las leyes internacionales de lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones internacionales. Uno de los principales temas a discutir será el referente a la creación de registros públicos de beneficiarios finales de empresas (o usufructos de empresas). Con esto se busca prevenir la financiación ilícita, evasión fiscal, el lavado de dinero proveniente del crimen organizado y otras actividades ilícitas.

Poder Ciudadano, capítulo argentina de Transparencia Internacional, celebra la iniciativa y los compromisos asumidos por el Estado Argentino para luchar contra la corrupción, principalmente en lo relacionado con medidas concretas en materia de Beneficiario Efectivo y combate a los flujos ilícitos financieros. En ese marco, y como parte de las actividades que se lleva adelante en esta materia, Poder Ciudadano realizará un seguimiento de la implementación de dichos compromisos en Argentina, proponiendo acciones y estándares para llevar adelante dichas políticas

 

A continuación presentamos el Documento “Compromisos de Argentina para la Cumbre Anticorrupción”, que presentó la Argentina en el marco de su participación en la Cumbre, el mismo aparece hasta el momento únicamente publicado por el gobierno del Reino Unido en su sitio oficial.

La traducción pertenece a Poder Ciudadano ya que no pudo ser encontrado su versión en español en ningún sitio oficial de algún organismo del Gobierno Argentino.

 

CUMBRE ANTICORRUPCIÓN- LONDRES 2016

Compromisos asumidos por la Argentina

  1. Exponer la corrupción 
  • Nos comprometemos a expandir el universo de los beneficiarios efectivos de las empresas extranjeras a ser identificado, a través de la introducción de reformas encaminadas a reducir el porcentaje de participación del capital utilizado como criterio para determinar – o no la obligación de registrar[1].
  • Vamos a tomar medidas para garantizar la transparencia de la propiedad y el control de todas las empresas que participan en la compra y contratación pública.
  • Damos la bienvenida a la creación de registros unificados y transparentes de empresas extranjeras que realizan ofertas para compras y contrataciones públicas, y la intención de explorar las opciones para la adopción de medidas similares.
  • Nos comprometemos a generar asociaciones público-privadas de intercambio de información para reunir a los gobiernos, los encargados de hacer cumplir la ley, los reguladores y el sector financiero para detectar, prevenir e interrumpir el lavado de dinero vinculado a la corrupción.
  • Nos comprometemos a promover la inclusión de Argentina para EITI[2] (Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, por sus siglas en inglés)  y para tal fin, de adecuar las normas a las especificaciones constitucionales y funcionamiento político de nuestro país.
  • Nos comprometemos a la promulgación de una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública como pilar fundamental de una política de gobierno abierto y para prevenir la corrupción.[3]
  • Nos comprometemos a ampliar el acceso a la información sobre empresas comerciales, empresas extranjeras, asociaciones civiles y fundaciones.[4]
  • Nos comprometemos a dar a conocer, para ampliar el alcance de los obligados al pago, a la mejora de la calidad de la información financiera y de empleo en las declaraciones juradas de los funcionarios públicos para evitar conflictos de intereses.[5]
  • Nos comprometemos a trabajar en la aplicación de los principios de la “Open Contracting Partnership” en el proceso de compra y contratación de bienes y servicios de la Administración Pública Nacional[6]. Pondremos especial énfasis en el sistema de salud.
  • Nos comprometemos a establecer mecanismos de cooperación con otros países para el intercambio de información financiera y de cualquier otra información que facilite la efectividad de las estrategias para combatir y prevenir el lavado de dinero proveniente de  la corrupción.[7]
  1. Sancionar a los corruptos y apoyar a aquellos que han sufrido de la corrupción 
  • Nos comprometemos a fortalecer las agencias gubernamentales nacionales especializadas en la prevención e investigación del binomio lavado de dinero – corrupción y de reforzar la cooperación entre ellos.
  • Nos comprometemos a fortalecer las directrices aprobadas internacionalmente para la gestión transparente y responsable de los activos robados recuperados.
  • Nos comprometemos a delinear las estrategias y crear nuevos mecanismos legales  e institucionales  para que el Estado recupere los activos procedentes de delitos de corrupción y los devuelva a las víctimas para reparar el daño generado por la corrupción y / o asignarlos para fortalecer las agencias de lucha contra la corrupción con el fin de promover su auto sostenibilidad.
  • Nos comprometemos a aplicar y ratificar los convenios internacionales sobre cooperación y asistencia legal o judicial mutua en la incautación, la identificación, recuperación, y la confiscación de los activos derivados de la corrupción y el blanqueo de dinero.
  • Nos comprometemos a combatir la corrupción pública y privada, nacional y transnacional a través de un régimen jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas[8].
  • Nos comprometemos a promover la introducción de nuevas herramientas procesales tales como el testigo / colaborador eficaz/ denunciante con el objetivo de facilitar la detección, investigación y la persecución penal de los delitos de corrupción.
  • Nos comprometemos a promover la creación de una base de datos que contenga información sobre las personas jurídicas que cometan actos de corrupción.
  • Nos comprometemos a colaborar con la construcción de una red global de agencias de lucha contra la corrupción y desarrollar una recomendación de los principios generales que deben cumplir de acuerdo con las normas establecidas por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
  • Nos comprometemos a promover mecanismos ágiles de cooperación administrativa, intercambio de información y evaluación mutua entre organismos de lucha contra la corrupción.
  1. Expulsar la cultura de la corrupción, donde quiera que exista 

–  Nos comprometemos a fortalecer el sistema de integridad pública en el Estado Argentino para prevenir, detectar y sancionar las situaciones de conflicto de intereses, incompatibilidad, o uso de los fondos públicos con fines privados, que se convierten en delitos de corrupción.

–    Nos comprometemos a fortalecer la cooperación público-privada para la prevención e investigación de la corrupción a través de la promoción de programas de integridad en las empresas y otras entidades legales.

  • Nos comprometemos a establecer mecanismos ágiles, accesibles y fiables de denuncias de corrupción, que garantizan la protección de los denunciantes.
  • Vamos a trabajar con otros países, la sociedad civil y las organizaciones internacionales  para  apoyar  la aplicación de las disposiciones voluntarias de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

[1] La Inspección General de Justicia (IGJ) establece que el beneficiario efectivo de las empresas extranjeras deben ser identificados, incluso si tienen sólo una acción (actualmente sólo deben hacerlo si tienen al menos un 20% del capital de la empresa).

[2] A través de la Oficina Anticorrupción, Argentina participó por primera vez en la Conferencia Anual, celebrada en Lima en febrero el año 2016, junto con representantes del Ministerio de Energía y Minas. En este momento, el Ministerio está llevando a cabo un análisis de la política de proponer ajustes a los requerimientos de la EITI.

[3] El Gobierno argentino ha presentado un proyecto de ley al Congreso con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública (mensaje Nº 0564/16). También en enero de 2016, el Gobierno emitió el Decreto 117/2016 del Gobierno Abierto.

[4]  La Resolución Nº 3/2016  derogó  todas las normas que restringen el acceso a la información.

[5] La Oficina Anticorrupción está trabajando en un nuevo sistema para la presentación y el control de las declaraciones juradas, así como una reforma de la Ley de Ética Pública, que incluiría los cambios en términos de cantidad y calidad de la información presentada en las declaraciones mencionadas.

[6] En este momento la Oficina Nacional de Contrataciones, dependiente del Ministerio de Modernización, se pone a cabo una plataforma digital única para la contratación pública.

[7] En esta línea, se firmó un memorando de entendimiento entre la UIF Argentina y la FINCEN el 21 de  marzo de 2016.

[8] La Oficina Anticorrupción está preparando un proyecto de ley para establecer un sistema de atribución  penal de responsabilidad de personas jurídicas por los delitos de corrupción, de acuerdo con la Convención de la OCDE sobre la lucha contra Corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, aprobada por la Ley Nº 25.319 en 2000. Una propuesta fue elaborada para extender la jurisdicción nacional del Estado nacional para que se pueda procesar ciudadanos argentinos o personas domiciliadas en la Argentina en los casos de soborno en el extranjero.

Documento original:

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/522967/Argentina.pdf