Argentina obtuvo 39 puntos sobre 100 posibles en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional 2017, que mide la percepción de la corrupción en el sector público. Los países que más se acercan a 100 puntos son percibidos como los menos corruptos, mientras que los más cercanos a 0 son percibidos como más corruptos.

De esta forma nuestro país se ubica en el puesto 85 entre los 180 países analizados. Si bien Argentina ha obtenido 3 puntos más que en el informe 2016, y esto lo llevó del puesto 95 al 85, aún se encuentra entre los países percibidos como altamente corruptos, y que reprueban en esta materia.

El Índice de Percepción de Corrupción (CPI por sus siglas en inglés) se construye a partir de diferentes trabajos que consultan a expertos e inversores sobre la temática de corrupción.

A nivel global, Nueva Zelanda es percibido como el país menos corrupto del mundo (89 puntos), le sigue en el segundo puesto Dinamarca  (88 puntos), y cierran las primeras posiciones Finlandia, Noruega, y Suiza (85 puntos) cada uno. Argentina comparte el puesto 85 (39 puntos) con países como Benin, Kosovo, Kuwait, Islas Salomón, y Suazilandia. El país peor rankeado es Somalía con 9 puntos sobre 100.

A nivel regional, Argentina se ubica en el puesto 16 sobre 31 países de toda América. Siendo Canadá el percibido como menos corrupto y Venezuela, ubicado en el puesto 169 como el más corrupto de la región.

Argentina en los últimos años ha avanzado en ciertos aspectos en materia de Transparencia y Lucha contra la Corrupción como con la nueva ley de Acceso a la Información Pública, ley de Colaborador Eficaz (Arrepentido) y la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Si a esto se le suman ciertos movimientos en la justicia, por el momento ocasionales, se podría explicar el pequeño avance en este ranking.

Pablo Secchi, Director Ejecutivo de Poder Ciudadano menciona que “Argentina aún se debe grandes discusiones en esta materia, pero queremos destacar la necesidad de poner sobre la mesa la real independencia del Poder Judicial, y especialmente el desafío de tener una nueva ley de Ética Pública que regule eficazmente la relación de los funcionarios con los recursos públicos”. 

 

  

Para consultar los resultados, visite: www.transparency.org/cpi2017

Para mayor información comunicarse con Pablo Secchi, 1551147200