Informe: «COVID-19 Una dosis de transparencia para la opacidad de los laboratorios»
3. 04. 2023
La crisis provocada a nivel global por el COVID-19 evidenció las falencias que existen en las instituciones, tanto públicas como privadas, para gestionar con eficiencia, celeridad, transparencia e integridad los desafíos que planteaba el contexto.
Los estándares de integridad y transparencia que gobiernos y empresas venían promocionando hasta ese momento fueron dejados de lado ante la urgencia, reflejando que los mismos no se encontraban lo suficientemente arraigados en las instituciones como para asegurar que la respuesta ante la crisis no los socavase.
Los contratos celebrados entre compañías farmacéuticas y el gobierno argentino para la adquisición de vacunas COVID-19 son un claro ejemplo de ello. El Estado adecuo su legislación para asegurar la confidencialidad de los contratos, una exigencia de los laboratorios, y recién así asegurar la inmunización de su población. Este tipo de cláusulas obstaculizan el derecho de acceso a la información pública y el debido control de los actos de gobierno.
El Observatorio de Vacunas COVID-19 creado por Poder Ciudadano mostró la opacidad de estos contratos y sus implicancias en el debilitamiento del sistema de control público, la baja calidad institucional que deslegitima y priva de integridad a la acción estatal y, con ello, obstaculiza el ejercicio de derechos fundamentales. En efecto, hoy no es posible conocer las gestiones desarrolladas por las autoridades públicas en las negociaciones con los laboratorios proveedores, los plazos de entrega de las vacunas comprometidas en los contratos ni información que permita conocer si se cumplió con las cláusulas contractuales y, en caso de no ser así, si se aplicaron sanciones.
La decisión de laboratorios y Estados de mantener bajo un marco de secretismo tanto los fondos involucrados en la fabricación de las vacunas, como las negociaciones entre las empresas y los gobiernos, lo que incluye los procesos de asignación y distribución de las vacunas, dio lugar a importantes sospechas y escándalos por discrecionalidades y corrupción.
Los hechos muestran que debe recordarse explícitamente que es el Estado quien está obligado a garantizar la integridad, transparencia y la rendición de cuentas de su accionar en general y de los contratos para la adquisición de vacunas en particular. Para ello debe crear mecanismos eficientes que permitan a la ciudadanía contar con información completa, veraz, adecuada y oportuna sobre estos acuerdos.
Sin embargo, tal como Poder Ciudadano advirtió al inicio de las negociaciones contractuales con las compañías farmacéuticas, “el sector privado involucrado también debe impulsar mecanismos para asegurar la transparencia e integridad de estos acuerdos”. En primer lugar, respetando los principios de transparencia, rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información pública en los procesos de negociación y provisión de vacunas con los Estados y, en segundo lugar, publicando proactivamente información sobre estos acuerdos, los fondos recibidos para el desarrollo y producción de las vacunas, así como su distribución.
Por eso, este Informe pone foco en la contraparte central de lo que fue la pandemia: el sector farmacéutico. En esa línea, entendemos que tanto para los Estados, las empresas y demás actores: «No es necesario encontrar nuevos remedios para viejas enfermedades: el cumplimiento de la normativa es un horizonte que puede ser mejorado con acciones colectivas orientadas a mejorar los entornos de integridad donde Estado y empresa se vinculan, por ejemplo, con la aplicación de Pactos de Integridad que iniciarían un camino diferente para el sector salud y que pondrían, fundamentalmente en el centro de ese espacio, a las personas, su bienestar y sus derechos.»
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